El Derecho Probatorio en el Sistema Legal Argentino: Un Análisis Integral

I. Introducción: Definición y Alcance del Derecho Probatorio Argentino

A. Conceptualización del Derecho Probatorio

El Derecho Probatorio constituye una rama fundamental del derecho procesal argentino, cuyo objeto es la regulación de la actividad dirigida a formar la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos que las partes afirman como sustento de sus pretensiones o defensas. Se configura como un conjunto sistemático de normas que rigen la proposición, admisión, producción y valoración de los elementos destinados a acreditar los hechos litigiosos en el marco de un proceso judicial.¹

Etimológicamente, el término «prueba» encuentra su raíz en el vocablo latino probus, que significa bueno, correcto u honrado. De esta manera, aquello que resulta probado dentro del proceso se considera, al menos formalmente, como auténtico y veraz para la resolución del conflicto.³ En su esencia, probar implica una actividad de demostración, verificación o acreditación.¹

La palabra «prueba» admite diversas acepciones en el ámbito jurídico. Puede referirse a la actividad procesal de probar; a los medios específicos utilizados para tal fin (testigos, documentos, pericias, etc.); o al resultado de dicha actividad, es decir, la convicción o certeza lograda en el ánimo del juzgador.¹ Es crucial comprender que la prueba judicial, en sentido estricto, opera como un procedimiento reglado para la fijación formal de los hechos relevantes para la litis. Esta fijación, producto de la aplicación de normas jurídicas específicas, puede coincidir o no con la verdad material o histórica absoluta, pero constituye la única verdad jurídicamente relevante para la decisión del caso concreto, permaneciendo independiente de la realidad extraprocesal en sí misma.¹

B. Finalidad de la Prueba en el Proceso Judicial

El propósito central y primordial de la actividad probatoria es generar la convicción o certeza en el juez respecto de los hechos controvertidos que constituyen el presupuesto fáctico de las normas jurídicas aplicables al caso.¹ La prueba se erige, así, como el instrumento idóneo mediante el cual el juzgador puede entrar en contacto, ya sea de forma directa o indirecta, con aquella porción de la realidad extraprocesal que resulta pertinente para la resolución de la controversia.⁶ Se busca, en definitiva, «acreditar» la veracidad de las afirmaciones fácticas expuestas por las partes.⁵

Esta convicción judicial no debe entenderse como una mera creencia subjetiva o intuición. Se trata, más bien, de una certeza «histórico-legal» que se alcanza tras la aplicación rigurosa de las leyes reguladoras de la prueba.⁶ Es el resultado de un proceso racional y metódico de análisis de los elementos aportados. Dicha convicción, una vez formada, debe quedar explícitamente de manifiesto en la fundamentación de la decisión jurisdiccional, permitiendo así el control de logicidad y legalidad por las partes y los tribunales superiores.⁶

C. La Prueba como Elemento del Debido Proceso

El derecho a la prueba es un componente esencial e inescindible de la garantía constitucional del debido proceso legal, consagrada implícitamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y reforzada por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN). Aunque la Constitución no detalle los medios probatorios, sí establece el marco general dentro del cual debe desenvolverse la actividad probatoria para ser considerada válida.⁴

Este derecho a probar se configura como un derecho complejo y multifacético. Incluye la facultad de las partes de ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios para fundar sus argumentos; el derecho a que dichos medios, si son pertinentes y lícitos, sean admitidos por el tribunal; el derecho a que sean adecuadamente producidos o actuados, asegurando su incorporación efectiva al proceso; y, finalmente, el derecho a que la prueba producida sea valorada de manera racional y fundada por el juez al momento de dictar sentencia.⁴ Constituye, por tanto, un derecho básico de todo justiciable para poder acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa, siendo un pilar fundamental para la vigencia efectiva de los derechos y la realización de un proceso justo.⁴

D. Objeto de la Prueba

El objeto sobre el cual recae la actividad probatoria son los hechos afirmados por las partes en sus escritos postulatorios (demanda, contestación, reconvención), siempre y cuando estos hechos sean pertinentes (vinculados a la cuestión litigiosa), conducentes o idóneos (aptos para generar convicción sobre lo que se pretende demostrar), sustanciales (relevantes para la aplicación de la norma jurídica invocada) y, fundamentalmente, controvertidos (afirmados por una parte y negados o desconocidos por la otra).⁵

No cualquier hecho requiere ser probado. Quedan excluidos de la necesidad de prueba los hechos evidentes, los hechos notorios (aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión), los hechos admitidos expresa o tácitamente por la parte a quien perjudican, los hechos presumidos por la ley (iuris et de iure o iuris tantum, aunque estas últimas admiten prueba en contrario), las máximas de la experiencia, las leyes naturales y el derecho vigente (salvo el derecho extranjero o normas no publicadas oficialmente).⁴

En el ámbito del proceso civil, la actividad probatoria se centra esencialmente en la verificación de las afirmaciones fácticas contrapuestas de los litigantes. El juez, en principio, no investiga hechos desconocidos o no alegados, sino que constata la veracidad de las alegaciones presentadas por las partes.³ La regla general es que el juez no puede fundar su decisión en hechos que no hayan sido debidamente articulados en los escritos respectivos.⁵ Es importante distinguir, conceptualmente, entre el hecho principal (aquel cuya existencia o inexistencia se intenta demostrar) y el hecho probatorio o indicio (aquel hecho ya acreditado que se utiliza como premisa para inferir lógicamente la existencia o inexistencia del hecho principal).¹

La tensión entre la búsqueda de una verdad material absoluta y la verdad formal que emerge del proceso es una característica inherente al sistema. Si bien el ideal es el descubrimiento de lo realmente ocurrido, el proceso judicial se desarrolla dentro de un marco de reglas formales (plazos, requisitos de admisibilidad, limitaciones probatorias) y se basa, especialmente en el fuero civil, en las alegaciones y la actividad de las partes (principio dispositivo).⁵ En consecuencia, la «verdad» que se establece judicialmente es una verdad procesal o formal, construida a partir de las pruebas válidamente incorporadas y valoradas conforme a las reglas, y referida exclusivamente a los hechos afirmados y controvertidos.³ Esta verdad formal, que puede o no coincidir plenamente con la verdad material, es la única jurídicamente relevante para fundar la decisión judicial, priorizando así la seguridad jurídica, la resolución del conflicto en un plazo razonable y el respeto a las garantías procesales.¹

II. Marco Normativo: Fuentes del Derecho Probatorio

El conjunto de normas que regulan la prueba en Argentina emana de diversas fuentes jerárquicamente ordenadas.

A. La Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos

En la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentran la Constitución Nacional (CN) y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN). Si bien no contienen una regulación específica y detallada de los medios de prueba, establecen los principios y garantías fundamentales que informan toda la materia probatoria. El artículo 18 de la CN consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso legal, garantías que intrínsecamente comprenden el derecho a ofrecer, producir y controlar la prueba pertinente.² Tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) refuerzan estas garantías (ej. Art. 8 CADH). Toda norma procesal inferior debe ser interpretada y aplicada de conformidad con estos postulados constitucionales y convencionales.¹⁰ Principios como la presunción de inocencia ¹¹, la prohibición de la autoincriminación forzada ¹¹ y la necesidad de una sentencia fundada son directrices esenciales emanadas de este bloque de constitucionalidad que impactan directamente en la admisibilidad, producción y valoración de la prueba, especialmente en el fuero penal.

B. El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994)

Sancionado en 2014 y vigente desde agosto de 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) unificó la legislación civil y comercial, derogando los códigos anteriores de Vélez Sarsfield y de Comercio.¹⁴ Aunque es un código de fondo, contiene numerosas disposiciones con incidencia directa en el derecho probatorio.¹⁰ Entre ellas, destacan:

• Las reglas sobre fuentes y aplicación del derecho, que mandan resolver los casos conforme a la CN y los tratados de DDHH.¹⁰
• La exigencia de actuar de buena fe.¹⁰
• Normas sobre la forma y prueba de los actos jurídicos (ej. formalidades requeridas ad probationem).
• El valor probatorio asignado a los instrumentos públicos y privados.²
• Regulaciones sobre capacidad, domicilio, estado civil, etc., que frecuentemente constituyen objeto de prueba en los procesos.¹⁰
• El reconocimiento de derechos individuales y de incidencia colectiva, ampliando el espectro de hechos potencialmente objeto de prueba.¹⁰
• Si bien no establece reglas generales sobre carga probatoria, sí contiene presunciones y disposiciones específicas que alteran la carga en ciertas materias.

C. Códigos Procesales Nacionales

Son los cuerpos normativos que regulan específicamente el procedimiento judicial y, dentro de él, la actividad probatoria, en el ámbito de la Justicia Federal y la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN): Aprobado por Ley 17.454 (con sucesivas reformas), es la fuente principal para la prueba en materia civil y comercial en dicho ámbito.¹⁸ Contiene una regulación exhaustiva de los principios probatorios, los distintos medios de prueba (documental, testimonial, confesional, pericial, informes, presunciones, inspección judicial), las reglas sobre ofrecimiento, admisibilidad, producción, plazos, negligencia, caducidad y valoración (sistema de sana crítica racional).²
• Código Procesal Penal Federal (CPPF): Aprobado por Ley 27.063 y ordenado por Decreto 118/2019 (T.O. 2019), con modificaciones posteriores.¹¹ Este código establece un sistema procesal penal de corte acusatorio adversarial y regula la prueba en este fuero. Sus disposiciones reflejan las garantías penales: la investigación y carga probatoria principal recae en el Ministerio Público Fiscal ⁸, rige la libertad probatoria limitada por la licitud y las garantías constitucionales ⁸, se establecen reglas específicas para la obtención de evidencia (ej. requisas, interceptaciones), y se consagra el principio in dubio pro reo.⁸ Su implementación en las distintas jurisdicciones federales del país es progresiva y se realiza conforme a un cronograma establecido por el Ministerio de Justicia.¹¹

D. Códigos Procesales Provinciales

Dado el carácter federal del Estado Argentino (Art. 1 y 121 CN), cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dictan sus propios códigos procesales para regular la administración de justicia en sus respectivos territorios. Esto implica la existencia de 24 ordenamientos procesales locales distintos.19

Si bien muchos códigos procesales civiles provinciales históricamente tomaron como modelo al CPCCN, y en materia penal existe una tendencia generalizada hacia la adopción de sistemas acusatorios, pueden existir (y de hecho existen) diferencias significativas entre las distintas jurisdicciones en cuanto a:

• La regulación específica de cada medio de prueba.
• Los plazos procesales para el ofrecimiento y producción.
• La existencia de medios de prueba particulares o procedimientos especiales.
• El grado de avance en la implementación de la oralidad efectiva.
• La regulación del juicio por jurados (en materia penal, en las provincias que lo han adoptado). Ejemplos de estos códigos son el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 7425/68 y modif.) ²⁰, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.922 y modif.) ⁹, y el Código Procesal Penal de la CABA (Ley 2303 y modif.).¹²

E. Leyes Especiales y Reglamentaciones

Determinadas leyes que regulan materias específicas pueden contener normas particulares sobre prueba que prevalecen sobre las disposiciones generales de los códigos procesales. Ejemplos de ello se encuentran en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), leyes sobre propiedad intelectual, derecho ambiental, o el Código de Minería.³⁶ Asimismo, las Cortes Supremas (Nacional y provinciales) y las Cámaras de Apelaciones suelen dictar Acordadas o Reglamentos que establecen pautas prácticas sobre aspectos probatorios, como la notificación electrónica, la gestión de la prueba pericial, o el manejo de la evidencia digital.

F. La Jurisprudencia y la Doctrina

Si bien en el sistema continental argentino la jurisprudencia no es fuente formal de derecho (con la excepción de los fallos plenarios que son obligatorios para las cámaras que los dictan y los jueces inferiores), las decisiones reiteradas y concordantes de los tribunales superiores (jurisprudencia) tienen una influencia decisiva en la interpretación y aplicación de las normas probatorias.³⁷ Los jueces suelen seguir los precedentes para mantener la coherencia y la seguridad jurídica. La doctrina, constituida por las opiniones y estudios de los juristas y académicos especializados, también cumple un rol fundamental al analizar, sistematizar, criticar y proponer interpretaciones y soluciones a los problemas que plantea el derecho probatorio.¹ Tanto la jurisprudencia como la doctrina son cruciales para llenar vacíos legales, adaptar las normas a nuevas realidades sociales y tecnológicas (como la prueba electrónica ¹) y desarrollar principios no escritos o refinar los existentes (como la teoría de las cargas probatorias dinámicas ²).

La coexistencia de un Código Civil y Comercial unificado a nivel nacional ¹⁰ con una multiplicidad de códigos procesales (nacionales y 24 locales) ⁹ genera una notable complejidad en el panorama normativo del derecho probatorio argentino. Esta estructura federal, donde las provincias retienen la facultad de dictar sus normas de procedimiento, implica que los profesionales del derecho deben operar no solo con las fuentes nacionales sino también con el código procesal específico de la jurisdicción donde se desarrolla el litigio. Si bien existen tendencias hacia la armonización, las particularidades locales persisten, demandando una constante actualización y un análisis contextualizado de las reglas aplicables a cada caso concreto.

III. Principios Rectores de la Prueba

La actividad probatoria en el proceso argentino se rige por una serie de principios fundamentales que actúan como directrices interpretativas y operativas, asegurando su coherencia con las garantías constitucionales y los fines del proceso.

A. Principio de Legalidad y Admisibilidad

Este principio exige que toda prueba, para ser válida, debe ser obtenida por medios lícitos e incorporada al proceso siguiendo las formas y procedimientos establecidos en la ley.⁸ La consecuencia directa es la regla de exclusión de la prueba ilícita: aquella obtenida mediante la violación de garantías constitucionales (ej. allanamientos sin orden judicial, interceptación ilegal de comunicaciones, confesiones bajo coacción) no puede ser utilizada para fundar una decisión judicial.⁸ La admisibilidad formal implica, además, que la prueba debe ser ofrecida en la oportunidad procesal correspondiente y cumplir con los requisitos específicos de cada medio.²

B. Principio de Pertinencia, Idoneidad y Conducencia

Para ser admitida, la prueba ofrecida debe ser:

• Pertinente: Debe guardar una relación lógica, directa o indirecta, con el objeto del proceso, es decir, con los hechos controvertidos que son relevantes para la decisión.² Se rechaza la prueba referida a hechos ajenos a la litis, no alegados, o que ya han sido admitidos o probados.⁴
• Idónea o Conducente: El medio de prueba propuesto debe ser apto o adecuado, por su naturaleza, para acreditar el hecho específico que se pretende probar.² Por ejemplo, la idoneidad de un testigo para declarar sobre un hecho que presenció, o la de un perito calígrafo para determinar la autenticidad de una firma.
• Útil (o Necesaria): La prueba no debe ser manifiestamente superflua, dilatoria o redundante. El juez puede rechazar aquella que considere innecesaria por referirse a hechos ya suficientemente acreditados por otros medios.²

C. Principio de Libertad Probatoria y sus Límites

En general, rige la libertad en la elección de los medios de prueba. Las partes pueden valerse de cualquier medio no expresamente prohibido por la ley para intentar acreditar los hechos invocados, siempre que cumplan con los requisitos de pertinencia y conducencia.² Esto incluye medios no específicamente regulados (pruebas innominadas), como pueden ser ciertos avances tecnológicos. Sin embargo, esta libertad no es absoluta.⁸ Encuentra sus límites en:

• La legalidad: No se admite prueba ilícita.⁸
• La moral y las buenas costumbres.
• El respeto a las garantías constitucionales y derechos personalísimos (intimidad, privacidad).
• Las disposiciones legales que exigen una forma específica para la prueba de determinados actos jurídicos (prueba legal o formal).

D. Principio de Contradicción (Bilateralidad) e Igualdad Procesal

Este principio, derivado directamente de la garantía de defensa en juicio, asegura que cada parte tenga la oportunidad de conocer y discutir las pruebas presentadas por la contraparte.⁷ Implica el derecho a controlar la producción de la prueba (ej. repreguntar testigos, pedir explicaciones a peritos, impugnar documentos), ofrecer contraprueba para desvirtuar la evidencia adversa, y alegar sobre el mérito y eficacia de toda la prueba incorporada antes de la sentencia. Garantiza la igualdad de armas procesales en la contienda probatoria.

E. Principio de Inmediación y Oralidad

La inmediación postula que el juez debe tener un contacto directo y personal con las partes y con las fuentes de prueba, especialmente aquellas que requieren una apreciación subjetiva, como las declaraciones de partes y testigos, o las explicaciones de los peritos.² La oralidad, como forma predominante de desarrollo de las audiencias (especialmente en los procesos penales modernos y crecientemente en los civiles), es el vehículo que mejor facilita la inmediación, permitiendo al juez percibir directamente las reacciones, dudas y certezas de quienes declaran, y fomentando un debate más dinámico y esclarecedor.²

F. Principio de Adquisición Procesal (Comunidad de la prueba)

Una vez que un elemento de prueba ha sido válidamente ofrecido, admitido e incorporado al proceso, adquiere carácter común y pertenece al proceso en sí mismo, independientemente de cuál de las partes lo haya propuesto.² Esto significa que la prueba puede ser utilizada por el juez para fundar su decisión en beneficio o perjuicio de cualquiera de las partes, y la parte que la ofreció no puede desistir de ella si ya ha comenzado su producción o si la contraparte manifiesta interés en su diligenciamiento.

G. Principio de Carga de la Prueba (Onus Probandi)

Establece a cuál de las partes le corresponde la necesidad procesal de acreditar determinados hechos para evitar una sentencia desfavorable basada en la falta de prueba de los mismos.² Su análisis detallado se aborda en la Sección VI.

H. Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal

Exige que las partes y sus letrados actúen con honestidad, probidad y colaboración durante todo el proceso, incluyendo la etapa probatoria.¹⁰ Se sanciona la conducta maliciosa, temeraria o dilatoria. La conducta procesal de las partes (ej. reticencia a exhibir documentos, incomparecencia injustificada) puede ser considerada por el juez como un indicio en su contra al momento de valorar la prueba.²

Estos principios no operan de forma aislada, sino que se encuentran interconectados y, en ocasiones, pueden presentar tensiones que el sistema busca equilibrar. Por ejemplo, la amplia Libertad Probatoria ² se ve inmediatamente acotada por la exigencia de Legalidad ⁸ y de Pertinencia y Conducencia ², asegurando que sólo la prueba lícita y relevante ingrese al proceso. Una vez admitida, el principio de Contradicción ⁷ garantiza el control por la contraparte, mientras que la Inmediación ² busca optimizar la percepción directa por el juez. Finalmente, la Adquisición Procesal ² la integra al acervo común del juicio. La correcta articulación de estos principios es esencial para que la actividad probatoria cumpla su finalidad dentro del marco de un debido proceso.

IV. Medios de Prueba en el Proceso Argentino

El ordenamiento procesal argentino, tanto a nivel nacional como provincial, prevé una serie de mecanismos o vías específicas a través de las cuales las partes pueden intentar acreditar los hechos controvertidos. Estos son los denominados «medios de prueba».² Si bien rige el principio de libertad probatoria, los códigos suelen regular detalladamente los medios más habituales:

A. Prueba Documental

Comprende todo objeto material susceptible de representar de forma permanente un hecho o una manifestación de voluntad, sirviendo como fuente de conocimiento para el juez. Incluye no solo los tradicionales documentos escritos (instrumentos públicos, instrumentos privados, correspondencia, libros de comercio), sino también planos, fotografías, dibujos, cintas cinematográficas, grabaciones de audio o video, y, de manera creciente, los documentos electrónicos y la información contenida en soportes informáticos.¹

• Instrumentos Públicos: Aquellos otorgados con las formalidades legales por un oficial público competente (ej. escrituras públicas, actas notariales, partidas del registro civil). Hacen plena fe de su contenido respecto de los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en su presencia, hasta que sean redargüidos de falsedad por acción civil o penal.²
• Instrumentos Privados: Aquellos firmados por las partes sin intervención de oficial público (ej. contratos privados, recibos). Para adquirir eficacia probatoria, requieren el reconocimiento de la firma por sus suscriptores o la comprobación judicial de su autenticidad mediante cotejo pericial caligráfico.²
• Instrumentos Particulares No Firmados: Incluyen impresos, registros visuales o auditivos, etc. Su valor probatorio es apreciado por el juez según la sana crítica, considerando las circunstancias del caso.²
• Documento Electrónico: Mensajes de datos (correos electrónicos, mensajes de texto, etc.) firmados digitalmente o con otros medios que aseguren su autoría e integridad. Su regulación y valoración plantean desafíos específicos.¹
• Libros de Comercio: Tienen un régimen probatorio particular entre comerciantes.²

El ofrecimiento de la prueba documental suele realizarse con los escritos iniciales (demanda, contestación). Se regula también la exhibición forzosa de documentos en poder de la contraparte o de terceros.²

B. Prueba Testimonial

Consiste en la declaración de personas físicas, distintas de las partes, que tienen conocimiento sobre hechos pertinentes y controvertidos del proceso, por haberlos percibido a través de sus sentidos (vista, oído, etc.). El testigo es un tercero ajeno al interés directo en el litigio.2

Los testigos tienen la obligación legal de comparecer ante la citación judicial, declarar sobre lo que saben y decir la verdad, bajo juramento o promesa.2 Existen causales de inhabilidad para ser testigo (ej. parentesco cercano con las partes en procesos civiles, aunque pueden declarar con valoración especial).

El ofrecimiento incluye la individualización del testigo y, usualmente, un interrogatorio previo. La producción se realiza en audiencia, donde el testigo es interrogado por el juez y las partes (examen y contraexamen, especialmente en procesos orales), permitiendo evaluar la credibilidad de su relato.2 La valoración se realiza conforme a las reglas de la sana crítica, ponderando factores como la razón de sus dichos, la coherencia interna y externa de su declaración, su imparcialidad aparente y las circunstancias personales.

C. Prueba Pericial

Es el medio a través del cual se aportan al proceso conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos especializados, que exceden el saber común del juez, para analizar, interpretar o dictaminar sobre hechos o circunstancias relevantes. El perito es un auxiliar de la justicia con experticia en una determinada área.2

El procedimiento incluye el ofrecimiento por las partes (proponiendo los puntos de pericia sobre los cuales versará el dictamen), la designación del perito (generalmente de listas oficiales, aunque las partes pueden proponer consultores técnicos), la aceptación del cargo, la realización de los estudios necesarios, la presentación del dictamen escrito y, frecuentemente, la comparecencia a una audiencia para dar explicaciones y responder preguntas del juez y las partes.2 Las partes pueden impugnar el dictamen si lo consideran erróneo o infundado.

El juez valora el dictamen pericial según la sana crítica. No está obligado a seguir ciegamente las conclusiones del perito, pero si se aparta de ellas debe fundar sólidamente las razones de su discrepancia, considerando la competencia del experto, la metodología utilizada, la solidez de los fundamentos y la coherencia con el resto del material probatorio.2

D. Prueba Confesional / Declaración de Parte (Absolución de Posiciones)

Es la declaración que realiza una de las partes (actor o demandado) sobre hechos personales o de su conocimiento que le resultan perjudiciales o que favorecen a la contraparte. En el proceso civil, el mecanismo típico para obtenerla es la «absolución de posiciones», donde una parte pide la citación de la contraria para que responda, bajo juramento o promesa, a un pliego de preguntas asertivas (posiciones).2

La confesión puede ser:

• Judicial: Prestada dentro del proceso (espontánea o provocada por la absolución de posiciones).
• Extrajudicial: Realizada fuera del proceso (su valor es menor y debe ser acreditada por otros medios).
• Expresa: Manifestada de forma clara y directa.
• Ficta o Tácita: La que la ley presume ante la incomparecencia injustificada del citado a absolver posiciones, su negativa a responder o sus respuestas evasivas. Crea una presunción iuris tantum (admite prueba en contrario).² La confesión expresa sobre hechos personales hace, en principio, plena prueba en contra del confesante, salvo que esté viciada, contradicha por otras pruebas fehacientes, o se refiera a hechos inverosímiles o indisponibles. Se discute sobre la divisibilidad o indivisibilidad de la confesión cuando contiene partes favorables y desfavorables al confesante.² En los procesos penales, la declaración del imputado tiene un régimen especial (ver Sección VII).

E. Inspección Judicial y Reconstrucción de Hechos

La inspección o reconocimiento judicial consiste en el examen directo y personal que realiza el juez (acompañado por el secretario y, eventualmente, las partes, sus letrados, peritos y testigos) sobre lugares, cosas o personas relacionadas con el litigio, para percibir sus características, estado o funcionamiento.² La reconstrucción de hechos busca reproducir artificialmente las circunstancias en que ocurrió un evento para verificar su posibilidad o modalidad. Se ordena de oficio o a pedido de parte y se labra un acta detallada de lo observado.

F. Prueba de Informes

Es un medio característico del proceso civil argentino, mediante el cual se requiere a oficinas públicas, entidades privadas o escribanos con registro, que informen por escrito sobre datos, actos o constancias obrantes en sus archivos, registros o libros contables, relacionados con hechos controvertidos en el proceso.² No procede para suplir o sustituir otros medios de prueba que sean específicos para el caso (ej. no se pide un informe sobre cuestiones técnicas que requieren una pericia, ni sobre hechos que deben ser declarados por testigos). Se tramita mediante el libramiento de oficios y existen plazos y sanciones para el caso de incumplimiento por parte de la entidad informante.

G. Presunciones e Indicios

No son medios de prueba en sí mismos, sino operaciones lógicas o razonamientos que permiten inferir la existencia o características de un hecho desconocido (hecho a probar) a partir de un hecho conocido y probado (indicio) o de una regla legal.

• Indicios: Son hechos o circunstancias acreditadas en el proceso que, por su relación lógica y necesaria (o al menos altamente probable) con el hecho investigado, permiten al juez inferir la existencia o inexistencia de este último. Requieren ser graves, precisos y concordantes para fundar una convicción.
• Presunciones: Son las consecuencias que la ley (presunciones legales) o el juez (presunciones judiciales, hominis o de hombre) extraen de un hecho conocido para dar por cierto uno desconocido.⁴ Las presunciones legales pueden ser iuris tantum (admiten prueba en contrario, invirtiendo la carga probatoria) o iure et de iure (no admiten prueba en contrario, son verdades legales absolutas). Las presunciones judiciales se basan en las reglas de la experiencia y la lógica, y deben ser aplicadas por el juez con prudencia y fundamentación explícita.

H. Medios Modernos y Prueba Electrónica

El avance tecnológico ha incorporado nuevos elementos susceptibles de ser utilizados como prueba, como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, contenido de páginas web, registros de actividad informática, etc..¹ Estos plantean desafíos particulares en cuanto a su obtención lícita (respetando la privacidad y el secreto de las comunicaciones), la garantía de su autenticidad e integridad (cadena de custodia digital), y su correcta valoración por parte de jueces que no siempre cuentan con formación técnica específica.¹ La doctrina y la jurisprudencia están en constante desarrollo para adaptar las reglas probatorias a esta realidad digital.

Cuadro Sinóptico de Medios de Prueba Comunes en Argentina

V. Procedimiento Probatorio: Admisión y Valoración

El desarrollo de la actividad probatoria dentro del proceso sigue una secuencia lógica y temporal, sujeta a controles y decisiones judiciales clave.

A. Etapas del Procedimiento Probatorio

Aunque pueden variar ligeramente según el tipo de proceso (ordinario, sumarísimo, penal) y la jurisdicción, las etapas fundamentales son:

1. Ofrecimiento: Es el acto procesal mediante el cual cada parte propone al tribunal los medios de prueba de los que intentará valerse para acreditar sus afirmaciones. La oportunidad para hacerlo suele concentrarse en los escritos iniciales (demanda, contestación, reconvención) o en momentos específicos posteriores, como la audiencia preliminar en el proceso civil ordinario.²
2. Admisión: Una vez ofrecida la prueba, el juez realiza un primer control sobre su viabilidad. Decide si la prueba propuesta cumple con los requisitos legales y procesales para ser producida. Esta decisión implica aceptar (admitir) o rechazar (inadmitir) cada medio ofrecido.² Las resoluciones sobre admisión o denegación de pruebas suelen ser, en principio, inapelables o con recursos muy limitados, para evitar dilaciones, aunque puede preverse su replanteo en la alzada.²
3. Producción (Práctica o Actuación): Es la ejecución material de los actos necesarios para incorporar la prueba admitida al proceso. Comprende la citación y declaración de testigos y partes, la realización de peritajes, la agregación de documentos, la celebración de inspecciones judiciales, la recepción de informes, etc..² Esta etapa requiere la actividad diligente de las partes proponentes, quienes tienen la carga de urgir la producción de sus pruebas para evitar que se declare su negligencia o la caducidad del derecho a producirlas por inactividad.²
4. Valoración: Es la operación intelectual y jurídica que realiza el juez al momento de dictar la sentencia definitiva. Consiste en analizar críticamente todo el material probatorio incorporado al proceso, determinar el grado de convicción o certeza que cada elemento le genera respecto de los hechos controvertidos, y ponderar el conjunto de las pruebas para llegar a una conclusión fáctica fundada.²

B. Control Judicial de Admisibilidad

En la etapa de admisión, el juez actúa como un filtro, depurando la prueba ofrecida para asegurar que solo se produzca aquella que sea legalmente viable y útil para la resolución del caso. Debe rechazar in limine (de entrada) la prueba que sea:

• Manifiestamente Ilegal o Ilícita: Aquella cuya obtención o incorporación viola garantías constitucionales o normas legales imperativas.⁸
• Manifiestamente Impertinente o Irrelevante: La que no guarda ninguna relación lógica con los hechos que constituyen el objeto de la controversia.²
• Manifiestamente Inconducente o Inidónea: Aquella que, por su naturaleza, es evidentemente incapaz de acreditar el hecho que se pretende probar.²
• Manifiestamente Improcedente, Superflua o Dilatoria: La que resulta innecesaria por referirse a hechos no controvertidos, ya probados, o que busca entorpecer o demorar el curso normal del proceso.²
• Extemporánea: La ofrecida fuera de las oportunidades procesales previstas por la ley, en virtud del principio de preclusión.⁵

C. Sistemas de Valoración de la Prueba

Histórica y comparativamente, existen distintos sistemas mediante los cuales el juez asigna eficacia probatoria a los elementos incorporados al proceso:

1. Prueba Legal o Tasada: En este sistema, es la propia ley la que establece, de antemano y con carácter abstracto, el valor o grado de convicción que el juez debe asignar a determinados medios de prueba (ej. la plena fe de un instrumento público no redargüido de falso). El juez se limita a verificar si el medio cumple los requisitos legales y aplica la tarifa probatoria establecida por el legislador.⁵ Este sistema, propio de épocas anteriores, hoy tiene una aplicación muy restringida en Argentina, limitada a casos puntuales (como el valor de instrumentos públicos o la confesión expresa en ciertos supuestos).
2. Libre Convicción o Íntima Convicción: El juez valora la prueba con total libertad, según su leal saber y entender, sin estar atado a reglas preestablecidas y, fundamentalmente, sin necesidad de expresar las razones que lo llevaron a su convencimiento. Es propio de los sistemas de jurados populares no técnicos, pero no es la regla para los jueces profesionales en Argentina, ya que se opone a la exigencia constitucional de fundamentación de las sentencias.
3. Sana Crítica Racional: Este es el sistema adoptado mayoritariamente por los códigos procesales argentinos, tanto en materia civil y comercial como penal.² El juez aprecia la prueba con libertad, sin sujeción a tarifas legales, pero con la obligación ineludible de fundamentar racionalmente su decisión.⁶ Debe explicar en la sentencia el proceso lógico que lo llevó a formar su convicción, basándose en las reglas de la lógica formal, los principios de la psicología y la sociología, las máximas de la experiencia común (lo que usualmente ocurre según el curso normal de las cosas) y, eventualmente, los conocimientos científicos aplicables.¹ La valoración no puede ser arbitraria, absurda o basada en meras impresiones subjetivas.²

El sistema de la Sana Crítica Racional representa un equilibrio entre la rigidez de la prueba tasada y la potencial arbitrariedad de la libre convicción pura. Otorga al juez la flexibilidad necesaria para ponderar las particularidades de cada caso y la fuerza persuasiva de cada elemento probatorio en concreto ⁵, pero somete su juicio a un control de racionalidad a través de la exigencia de una fundamentación explícita, lógica y coherente.¹ Esto permite a las partes comprender el porqué de la decisión y, eventualmente, recurrirla si consideran que la valoración ha sido defectuosa o arbitraria.²

D. La Fundamentación de la Valoración en la Sentencia

La obligación de fundar la valoración probatoria es un pilar del sistema de sana crítica y una exigencia constitucional. El juez no puede limitarse a afirmar que ciertos hechos están probados o no. Debe realizar un análisis explícito de las pruebas producidas, tanto las que apoyan su conclusión como las que la contradicen, explicando por qué otorga mayor credibilidad a unas sobre otras. Debe considerar las pruebas no aisladamente, sino en su conjunto, de manera armónica e integrada (valoración conjunta ⁷), exponiendo el iter lógico que, partiendo de las pruebas admitidas y producidas, lo conduce a la conclusión sobre la veracidad o falsedad de las afirmaciones fácticas de las partes.¹ Una sentencia con fundamentación probatoria ausente, insuficiente, contradictoria, ilógica o basada en afirmaciones dogmáticas es considerada arbitraria y susceptible de ser revocada por los tribunales superiores.²

VI. La Carga de la Prueba (Onus Probandi)

La carga de la prueba es un concepto central en el derecho probatorio, que determina sobre cuál de las partes recae la necesidad de acreditar ciertos hechos para obtener una sentencia favorable.

A. Concepto y Regla General

El onus probandi o carga de la prueba no es una obligación en sentido estricto, sino una carga procesal que opera en interés propio de la parte sobre la que recae.⁶ Consiste en la necesidad de realizar una actividad probatoria eficaz respecto de los hechos que se invocan como fundamento de la propia posición (pretensión o defensa), bajo el riesgo de que, si dichos hechos no resultan acreditados, el juez deba desestimar la pretensión o defensa por falta de prueba, aun cuando pudiera tener dudas sobre lo realmente ocurrido.² La carga de la prueba opera, fundamentalmente, como una regla de juicio para el juez en los casos de insuficiencia probatoria: indica a quién perjudica la falta de certeza sobre un hecho determinado.

La regla general, derivada del derecho romano y aplicable principalmente en el proceso civil, es affirmanti incumbit probatio: incumbe la prueba a quien afirma un hecho, no a quien lo niega.⁷

B. Distribución en Procesos Civiles y Comerciales

En los procesos civiles y comerciales, la distribución de la carga probatoria sigue, en líneas generales, las siguientes pautas, reflejadas (aunque no siempre explícitamente con esta terminología) en el CPCCN y los códigos provinciales:

• Corresponde al actor (quien demanda) la carga de probar los hechos constitutivos de su derecho o pretensión. Es decir, aquellos hechos que, según la norma jurídica aplicable, dan nacimiento a la relación jurídica o al derecho que reclama.⁷ Por ejemplo, en una demanda por cumplimiento de contrato, el actor debe probar la existencia del contrato y, eventualmente, el cumplimiento de sus propias obligaciones si fueran condición.
• Corresponde al demandado la carga de probar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos que opone a la pretensión del actor.⁷

• Hechos Impeditivos: Aquellos que obstan al nacimiento mismo del derecho invocado por el actor (ej. vicios de la voluntad al celebrar el contrato, incapacidad de una de las partes).
• Hechos Modificativos: Aquellos que alteran los términos de la obligación o derecho reclamado (ej. una quita o espera acordada).
• Hechos Extintivos: Aquellos que, una vez nacido el derecho del actor, lo extinguen (ej. el pago de la deuda, la prescripción liberatoria, la compensación).

Esta distribución se determina en función de las afirmaciones realizadas por cada parte en los escritos fundamentales del proceso (demanda, contestación, reconvención y su contestación).⁵ Cada parte debe probar los presupuestos fácticos de la norma jurídica cuya aplicación invoca a su favor.⁷

C. La Carga de la Prueba en el Proceso Penal

El régimen de la carga probatoria en el proceso penal es radicalmente diferente, debido a la vigencia de principios constitucionales específicos de este fuero:

• Presunción de Inocencia: Toda persona imputada de un delito se presume inocente hasta que una sentencia condenatoria firme, basada en prueba válida y suficiente, demuestre lo contrario.⁹ Este es el punto de partida y el estado jurídico del imputado durante todo el proceso.
• Carga de la Acusación: Como consecuencia directa de la presunción de inocencia, la carga de probar la existencia del hecho delictivo, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la participación del imputado en el mismo recae exclusivamente sobre el órgano acusador, que en los delitos de acción pública es el Ministerio Público Fiscal.⁸ El fiscal debe reunir y presentar en el juicio oral las pruebas necesarias para destruir la presunción de inocencia y convencer al tribunal, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad penal del acusado.
• Inexistencia de Carga Probatoria para el Imputado: El imputado no tiene ninguna carga de probar su inocencia.¹¹ Tiene derecho a guardar silencio, y su silencio no puede ser interpretado como una admisión de los hechos ni como indicio de culpabilidad.¹¹ Puede optar por declarar, ofrecer pruebas de descargo o simplemente adoptar una actitud pasiva. La defensa técnica puede desplegar actividad probatoria para refutar la acusación o acreditar eximentes, pero lo hace en ejercicio del derecho de defensa, no por tener una carga probatoria en sentido estricto.
• In Dubio Pro Reo: Este principio actúa como regla de valoración y de juicio. Si después de valorar toda la prueba producida, el tribunal alberga una duda razonable sobre la culpabilidad del imputado, debe dictar sentencia absolutoria.⁸ La duda siempre favorece al acusado.

D. La Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas

Frente a la rigidez de las reglas tradicionales de distribución de la carga probatoria en materia civil, la doctrina y la jurisprudencia argentinas han desarrollado y aplicado, en ciertos casos excepcionales, la teoría de las «cargas probatorias dinámicas» o «distribución dinámica de la carga de la prueba».2

Esta teoría permite al juez, apartándose de las reglas fijas (actor prueba hechos constitutivos, demandado prueba impeditivos/extintivos), imponer la carga de probar un hecho determinado a la parte que, por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones fácticas, técnicas o profesionales para producir la prueba correspondiente, con independencia de quién haya alegado el hecho o a quién favorecería su acreditación según las reglas tradicionales.2

Los fundamentos de esta teoría radican en los principios de equidad, buena fe, solidaridad o colaboración procesal, y la necesidad de facilitar la prueba en situaciones de marcada asimetría informativa o probatoria entre las partes.2 Busca evitar que la aplicación inflexible de las reglas clásicas conduzca a soluciones injustas, especialmente cuando una de las partes enfrenta una «prueba diabólica» (de producción imposible o excesivamente dificultosa) mientras que la otra podría aportar la evidencia con relativa facilidad.

Su aplicación es excepcional y requiere gran prudencia por parte del juez. Generalmente se utiliza en ámbitos como la responsabilidad por mala praxis médica, daños derivados de productos elaborados, daños ambientales, o ciertas relaciones de consumo, donde una de las partes (el profesional, el fabricante, la empresa) posee un dominio casi exclusivo de la información y los medios técnicos para esclarecer los hechos. Es fundamental que el juez anuncie con antelación a las partes la posible aplicación de este criterio, para no afectar el derecho de defensa.

La diferente configuración de la carga de la prueba en los fueros civil y penal no es una mera cuestión técnica, sino un reflejo de los principios y valores sustantivos que rigen cada ámbito. En el proceso civil, donde típicamente se ventilan conflictos entre particulares sobre derechos disponibles, prima el principio dispositivo y la igualdad formal, siendo coherente la regla general de que cada parte debe probar los hechos que alega como base de su posición.⁷ En cambio, en el proceso penal, donde está en juego la libertad individual frente al poder punitivo estatal, la presunción de inocencia actúa como una garantía fundamental que invierte la carga, exigiéndole al Estado (a través del fiscal) la prueba acabada de la culpabilidad.⁸ La teoría de las cargas dinámicas ², a su vez, aparece como un correctivo equitativo a la rigidez de la regla civil, aplicable en casos específicos donde la igualdad formal de las partes no se condice con una desigualdad real en el acceso a la prueba, buscando así una mayor aproximación a la justicia material.

VII. Comparativa: Régimen Probatorio Civil vs. Penal

Si bien ambos regímenes probatorios comparten principios generales y algunos medios de prueba, existen diferencias sustanciales entre el proceso civil y el penal en Argentina, derivadas de la distinta naturaleza de los bienes jurídicos en juego y las garantías constitucionales aplicables.

A. Objeto y Finalidad

• Proceso Civil: El objetivo principal es acreditar los hechos controvertidos afirmados por las partes para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, generalmente de índole patrimonial o familiar.⁵ Se busca alcanzar la «convicción» o «certeza suficiente» del juez sobre la versión fáctica más verosímil, para determinar la procedencia de las pretensiones.¹
• Proceso Penal: La finalidad es la averiguación de la verdad real o material sobre la existencia de un hecho presuntamente delictivo y la participación culpable del imputado, con el fin de aplicar (o no) una sanción penal.⁵ La búsqueda de la verdad está fuertemente limitada por las garantías constitucionales del imputado. Se requiere un estándar de certeza mucho más elevado para condenar.¹²

B. Iniciativa Probatoria

• Proceso Civil: Predomina el principio dispositivo. Son las partes quienes tienen la carga de alegar los hechos y ofrecer las pruebas que sustentan sus posiciones.⁵ Si bien el juez posee facultades para ordenar medidas probatorias de oficio (medidas para mejor proveer), estas son generalmente excepcionales y complementarias de la actividad de las partes.²
• Proceso Penal (Sistema Acusatorio): La iniciativa principal en la investigación y recolección de pruebas recae en el Ministerio Público Fiscal, quien ejerce la acción penal pública.⁸ El juez (de garantías durante la investigación, o de juicio en la etapa final) actúa como un tercero imparcial que controla la legalidad del procedimiento, decide sobre la admisión de pruebas y valora las mismas, pero no tiene facultades de investigación activa.²⁶ La defensa también puede ofrecer y producir prueba de descargo.

C. Carga de la Prueba

• Proceso Civil: Rige la regla general affirmanti incumbit probatio, distribuida entre actor (hechos constitutivos) y demandado (hechos impeditivos, modificativos, extintivos), con la posibilidad de aplicar la teoría de las cargas dinámicas en casos excepcionales.²
• Proceso Penal: La carga de la prueba recae íntegramente en la acusación (Fiscalía), quien debe destruir la presunción de inocencia del imputado.⁸ El imputado no tiene carga alguna de probar su inocencia.¹¹

D. Estándares Probatorios

• Proceso Civil: Generalmente, basta con la preponderancia de la prueba (que la versión de una parte sea más probable que la de la otra) o la generación de una convicción suficiente en el juez sobre la ocurrencia de los hechos.
• Proceso Penal: Para dictar una sentencia condenatoria, se exige un estándar mucho más riguroso: la certeza más allá de toda duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. Cualquier duda razonable debe conducir a la absolución (in dubio pro reo).⁸

E. Medios de Prueba y su Relevancia

• Aunque muchos medios son comunes (documental, testimonial, pericial), su regulación y peso pueden variar.
• Civil: La prueba confesional (absolución de posiciones) tiene una relevancia histórica y práctica significativa.² La prueba de informes es un medio específico y muy utilizado.²
• Penal: La confesión del imputado, si bien admisible si es libre y voluntaria, no es suficiente por sí sola para condenar y debe ser corroborada por otras pruebas.¹¹ Adquieren especial relevancia la prueba testimonial, las pericias científicas (criminalística, ADN, balística, forense), las inspecciones oculares, las requisas personales, las interceptaciones de comunicaciones (todas ellas sujetas a estrictos controles de legalidad), y los reconocimientos.

F. Tratamiento de la Prueba Ilícita

• Proceso Penal: La regla de exclusión de la prueba obtenida mediante violación de garantías constitucionales (y la doctrina de los «frutos del árbol venenoso» que extiende la exclusión a las pruebas derivadas de la primera) se aplica con gran rigor, como salvaguarda esencial de los derechos del imputado.⁸
• Proceso Civil: Si bien existe un debate doctrinario y jurisprudencial, la tendencia mayoritaria es también a excluir la prueba obtenida con una vulneración grave de derechos fundamentales (ej. violación de la intimidad, correspondencia), aunque quizás con un alcance menos absoluto que en el fuero penal.

G. Principios y Garantías Preponderantes

• Proceso Civil: Rigen las garantías generales del debido proceso, igualdad de partes, derecho de defensa, bilateralidad, pero el principio dispositivo tiene un peso central.
• Proceso Penal: Las garantías constitucionales del imputado son el eje del sistema: presunción de inocencia, inviolabilidad de la defensa, nemo tenetur se ipsum accusare (derecho a no autoincriminarse), juicio previo, juez natural, non bis in idem, in dubio pro reo.⁹

Tabla Comparativa: Régimen Probatorio Civil vs. Penal en Argentina

VIII. Actualidad y Tendencias: Reformas y Jurisprudencia Relevante

El derecho probatorio argentino no es una disciplina estática, sino que se encuentra en un proceso constante de evolución y adaptación, impulsado por reformas legislativas, desarrollos jurisprudenciales y los desafíos que plantean las nuevas realidades sociales y tecnológicas.

A. Impacto de las Reformas Procesales

• Reformas Procesales Penales: La transformación más significativa de las últimas décadas ha sido el abandono paulatino de los sistemas inquisitivos o mixtos y la adopción de sistemas acusatorios-adversariales en el ámbito penal. La sanción del Código Procesal Penal Federal (CPPF, Ley 27.063) ¹¹ y la promulgación o reforma de códigos procesales penales en la mayoría de las provincias (como Buenos Aires con la Ley 11.922 y sus reformas ⁹, o la CABA con la Ley 2303 ¹²) han redefinido el rol de los actores procesales y la dinámica probatoria. Estas reformas enfatizan la separación de funciones entre quien investiga y acusa (el fiscal) y quien juzga (el juez o tribunal), consagran la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción como ejes de la etapa de juicio, y en algunas jurisdicciones han incorporado el juicio por jurados para determinados delitos graves.³⁵ La implementación progresiva del CPPF a nivel federal ¹¹ y la consolidación de estos nuevos modelos a nivel provincial continúan generando cambios en la práctica probatoria diaria.
• Reformas Procesales Civiles: Aunque quizás menos drásticas que en lo penal, también se observan tendencias modernizadoras en el proceso civil. Se busca promover la oralidad efectiva a través de la implementación de audiencias orales (audiencia preliminar ², audiencia de vista de causa) donde se concentra parte de la actividad probatoria, se favorece la inmediación y se intenta agilizar los tiempos del proceso. Diversas leyes han introducido modificaciones puntuales en el CPCCN ²¹ y en los códigos provinciales ³¹ para incorporar herramientas de gestión procesal más eficientes y adaptar las normas a las nuevas tecnologías (ej. notificaciones electrónicas).
• Impacto del Código Civil y Comercial: La unificación de la legislación de fondo en el CCyC ¹⁴ también tiene repercusiones procesales. Sus normas sobre interpretación de la ley a la luz de la Constitución y los tratados ¹⁰, la exigencia de buena fe ¹⁰, las reglas sobre capacidad, y las disposiciones específicas sobre la prueba de ciertos actos jurídicos o relaciones (ej. contratos, responsabilidad civil, relaciones de familia ¹⁷) influyen directamente en cómo se plantean y acreditan los hechos en los litigios civiles y comerciales.

B. Jurisprudencia Relevante

Los tribunales argentinos, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cabeza, desempeñan un papel crucial en la interpretación y adaptación de las normas probatorias. Algunas líneas jurisprudenciales destacadas de los últimos años incluyen:

• Cargas Probatorias Dinámicas: Consolidación y delimitación de los supuestos de aplicación de esta teoría, especialmente en casos de responsabilidad profesional (mala praxis médica), daños ambientales y derecho del consumidor, enfatizando la necesidad de una justificación explícita y el respeto al derecho de defensa.²
• Valoración de la Prueba Científica y Pericial: Establecimiento de criterios más rigurosos para la admisión y valoración de pruebas científicas complejas (ej. pericias genéticas – ADN, pericias contables, informáticas), exigiendo el control de la metodología utilizada por los peritos y la solidez de sus conclusiones.
• Prueba Ilícita: Continuo desarrollo de la doctrina de la regla de exclusión y sus posibles excepciones (ej. teoría de la fuente independiente, descubrimiento inevitable, buena fe del investigador), principalmente en el fuero penal, pero con debates sobre su aplicación en el ámbito civil.⁸
• Prueba Electrónica: Creciente número de fallos que abordan la admisibilidad, autenticación y valoración de evidencia digital, como correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales, buscando equilibrar el derecho a la prueba con la protección de la privacidad y la integridad de los datos.¹
• Estándares Probatorios Penales: Jurisprudencia que profundiza en el significado y alcance del estándar de «certeza más allá de toda duda razonable» como requisito para una condena penal, reforzando la vigencia del in dubio pro reo.
• Doctrina de la Arbitrariedad de Sentencia: Constante aplicación de esta doctrina por la CSJN para revocar sentencias que presentan vicios graves en la valoración de la prueba, sea por omisión de prueba relevante, fundamentación ilógica o contradictoria, o apartamiento de las constancias de la causa.²

C. Desafíos Contemporáneos

El derecho probatorio enfrenta hoy nuevos y complejos desafíos:

• Prueba Digital/Electrónica: La ubicuidad de la tecnología exige una actualización normativa y práctica para abordar eficazmente la obtención, preservación (cadena de custodia digital), autenticación y valoración de la enorme cantidad de evidencia generada en formato digital, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales.¹
• Neurociencias y Prueba: El avance de las neurociencias plantea interrogantes sobre la posible utilización en el proceso judicial de técnicas como las neuroimágenes funcionales para evaluar la credibilidad de testimonios, detectar mentiras o valorar la capacidad de culpabilidad. Su admisibilidad y fiabilidad son objeto de intenso debate ético y científico.
• Protección de Datos Personales: La creciente regulación sobre protección de datos personales genera tensiones con el derecho a la prueba, especialmente cuando se requiere acceder a información sensible de terceros para esclarecer los hechos de un litigio.
• Inteligencia Artificial (IA): El desarrollo de la IA abre posibilidades para su uso en el análisis de grandes volúmenes de prueba o la identificación de patrones, pero también plantea serios desafíos respecto a la transparencia de los algoritmos, los posibles sesgos y el rol del juzgador humano.
• Cooperación Jurídica Internacional: La globalización de las relaciones y la criminalidad organizada demandan mecanismos más ágiles y eficaces para la obtención de prueba ubicada en el extranjero, superando las complejidades de los exhortos y tratados internacionales.²

Esta constante interacción entre las normas establecidas, las necesidades de la práctica judicial, los avances tecnológicos y las demandas sociales evidencia el carácter dinámico del derecho probatorio.¹ Las reformas legislativas ⁹ y los pronunciamientos jurisprudenciales son respuestas necesarias para que esta disciplina siga cumpliendo su función esencial de ser una herramienta para la reconstrucción formal de los hechos y la realización de la justicia en un contexto cambiante. La capacidad de adaptación a estos nuevos escenarios será clave para mantener la relevancia y legitimidad del sistema de administración de justicia.

IX. Conclusiones y Consideraciones Finales

A. Síntesis de los Aspectos Clave

El derecho probatorio argentino se configura como un sistema complejo y dinámico, esencial para la función jurisdiccional. Su objeto es la regulación de la actividad destinada a formar la convicción judicial sobre los hechos controvertidos, operando como un pilar del debido proceso legal. Sus fuentes normativas son diversas, destacando la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, el Código Civil y Comercial unificado, y una multiplicidad de códigos procesales nacionales y provinciales que reflejan la estructura federal del país.

La actividad probatoria se rige por principios fundamentales como la legalidad, pertinencia, libertad (con límites), contradicción, inmediación y adquisición procesal. La carga de la prueba se distribuye de manera diferente en los procesos civiles (regla general affirmanti incumbit probatio, con la excepción de las cargas dinámicas) y penales (carga exclusiva de la acusación, basada en la presunción de inocencia). Los medios de prueba típicos (documental, testimonial, pericial, confesional, inspección, informes, indicios) coexisten con los desafíos que plantea la prueba electrónica. El sistema de valoración predominante es la sana crítica racional, que exige al juez libertad en la apreciación pero con una fundamentación lógica y basada en la experiencia. Las diferencias entre el régimen probatorio civil y penal son sustanciales, especialmente en cuanto a la finalidad, la iniciativa, la carga y los estándares probatorios exigidos. Finalmente, el derecho probatorio se encuentra en constante evolución, adaptándose a reformas procesales (especialmente la implementación de sistemas acusatorios en lo penal y la búsqueda de oralidad en lo civil) y a los desafíos tecnológicos y sociales contemporáneos.

B. Reflexión sobre la Importancia de la Prueba

La prueba constituye el corazón del proceso judicial. Es el instrumento a través del cual se intenta reconstruir, dentro de los límites formales y temporales del proceso, la verdad sobre los hechos que dieron origen al conflicto. De la correcta y eficaz gestión de la prueba depende, en gran medida, la posibilidad de alcanzar una decisión justa y fundada. Actúa como garantía contra la arbitrariedad, al exigir que las sentencias se basen en elementos objetivos y verificables, y no en meras impresiones o voluntarismos del juzgador. La regulación detallada de su admisión, producción y valoración busca equilibrar la búsqueda de la verdad procesal con la eficiencia del sistema y, fundamentalmente, con la protección de los derechos y garantías de los justiciables. La tensión inherente entre estos objetivos (verdad, eficiencia, garantías) es una característica central de esta disciplina.

C. Consideraciones Finales

El futuro del derecho probatorio en Argentina estará marcado por la necesidad de continuar adaptándose a un entorno en permanente cambio. La consolidación de las reformas procesales, especialmente en el ámbito penal, la profundización de la oralidad y la inmediación en todos los fueros, y la respuesta normativa y jurisprudencial a los desafíos de la era digital (prueba electrónica, inteligencia artificial, protección de datos) serán ejes centrales de desarrollo. La capacitación continua de los operadores jurídicos (jueces, fiscales, defensores, abogados) en estas nuevas realidades y la inversión en tecnología adecuada para la gestión procesal serán indispensables para asegurar que el derecho probatorio siga siendo una herramienta eficaz para la realización de la justicia en el siglo XXI. La complejidad derivada del federalismo exigirá, asimismo, esfuerzos constantes de armonización y diálogo interjurisdiccional para garantizar una mayor previsibilidad y seguridad jurídica en todo el territorio nacional.

Works cited

1. La prueba en el proceso civil y comercial – Thomson Reuters, accessed April 18, 2025, https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/ewp-m/documents/argentina/es/pdf/other/tratado-prueba-electronica.pdf
2. Teoría General de la Prueba – Derecho Probatorio – fcjs.unl.edu.ar, accessed April 18, 2025, https://www.fcjs.unl.edu.ar/dpc/teoria-general-de-la-prueba-derecho-probatorio/
3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prueba? – SAIJ, accessed April 18, 2025, https://www.saij.gob.ar/alejandro-alberto-fiorenza-que-hablamos-cuando-hablamos-prueba-dacf190073-2019-04-23/123456789-0abc-defg3700-91fcanirtcod?q=fecha-rango%3A%5B20181118%20TO%2020190518%5D&o=1495&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%25
4. el derecho a probar y la teoria de la prueba – Corte Superior de Justicia de Arequipa, accessed April 18, 2025, https://csjarequipa.pj.gob.pe/main/wp-content/uploads/2021/05/11.-El-derecho-a-probar-y-la-teoria-de-prueba.pdf
5. Osvaldo A. Gozaíni Curso Derecho Probatorio Materiales – SCBA, accessed April 18, 2025, https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=Curso%20en%20el%20IEJ%20de%20la%20SC%20Bs%20As%20(materiales)[1].pdf
6. Derecho Probatorio: concepto, grados de conocimiento, verdad, función, objeto y carga de la prueba. – YouTube, accessed April 18, 2025, https://m.youtube.com/watch?v=0SDwXWQBs2g
7. La prueba en el procedimiento civil – El Derecho, accessed April 18, 2025, https://elderecho.com/prueba-procedimiento-civil
8. Diferencias entre objeto de prueba, fuente de prueba y medio de prueba – LP, accessed April 18, 2025, https://lpderecho.pe/diferencias-objeto-prueba-fuente-prueba-medio-prueba/
9. Código Procesal Penal de la Prov de Bs As.pdf – Procuración Penitenciaria de la Nación, accessed April 18, 2025, https://www.ppn.gov.ar/pdf/legislacion/C%C3%B3digo%20Procesal%20Penal%20de%20la%20Prov%20de%20Bs%20As.pdf
10. Código Civil y Comercial de la Nación – InfoLEG – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Argentina, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
11. Código Procesal Penal Federal – InfoLEG – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Argentina, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239340/texact.htm
12. LEY Nº 2303 – CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Última Modificación Normativa – Ministerio Público Fiscal, accessed April 18, 2025, https://mpfciudad.gob.ar/storage/archivos/bceec92eb4e0625caf0f10689bf894e0.pdf
13. LEY Nº 2303 – Código Procesal Penal CABA- – INECIP, accessed April 18, 2025, https://inecip.org/wp-content/uploads/C%C3%B3digo-Procesal-Penal-CABA-1.pdf
14. Código Civil y Comercial de la nación de Argentina – InfoLeg – Información Legislativa, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975
15. CODIGO DE COMERCIO – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109500/texact.htm
16. InfoLEG – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Argentina – Jus.gob.ar, accessed April 18, 2025, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339378/texact.htm
17. Código Civil y Comercial de la Nación – SAIJ, accessed April 18, 2025, https://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf
18. Ley 17454 – InfoLeg – Información Legislativa, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=16547
19. Códigos Nacionales | Infoleg – Información Legislativa y Documental, accessed April 18, 2025, https://www.infoleg.gob.ar/?page_id=67
20. Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm
21. CODIGO PROCESAL CIVIL Y – Ley 25.488 – Jus.gob.ar, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70015/norma.htm
22. CODIGO PROCESAL CIVIL – Jus.gob.ar, accessed April 18, 2025, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/76625/norma.htm
23. Ley 27150 – InfoLEG – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Argentina, accessed April 18, 2025, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248181/texact.htm
24. Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=319681
25. Código Procesal Penal Federal – InfoLEG – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Argentina, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319681/norma.htm
26. Código Procesal Penal Federal – InfoLEG – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Argentina, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318536/norma.htm
27. Ley 27785 – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=410382
28. CODIGO PROCESAL PENAL – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm
29. Códigos Provinciales | Infoleg – Información Legislativa y Documental, accessed April 18, 2025, https://www.infoleg.gob.ar/?page_id=87
30. Códigos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Infoleg – Información Legislativa y Documental, accessed April 18, 2025, https://www.infoleg.gob.ar/?page_id=74
31. Decreto-ley 7425/1968 – normas gba – Provincia de Buenos Aires |, accessed April 18, 2025, https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1968/7425/7888
32. CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES – SAIJ, accessed April 18, 2025, https://www.saij.gob.ar/7425-local-buenos-aires-codigo-procesal-civil-comercial-buenos-aires-lpb0007425-1968-09-19/123456789-0abc-defg-524-7000bvorpyel
33. Ley 7425/1968 – Argentina.gob.ar, accessed April 18, 2025, https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-7425-123456789-0abc-defg-524-7000bvorpyel
34. Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas – Ley 11922, accessed April 18, 2025, https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1997/11922/4917
35. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires – SAIJ, accessed April 18, 2025, https://www.saij.gob.ar/11922-local-buenos-aires-codigo-procesal-penal-provincia-buenos-aires-lpb0011922-1996-12-18/123456789-0abc-defg-229-1100bvorpyel
36. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Jus.gob.ar – Infoleg, accessed April 18, 2025, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43797/texact.htm
37. Fuentes del derecho, usos y costumbres, valor probatorio – SAIJ, accessed April 18, 2025, https://www.saij.gob.ar/fuentes-derecho-usos-costumbres-valor-probatorio-sue0010817/123456789-0abc-defg7180-100esoiramus?&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Obligaciones%20y%20contratos/Contratos/interpretaci%F3n%20del%20contrato/usos%20y%20costumbres%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=44