Investigación Curada por Raymond Orta Martinez, Perito Forense en Documentos e Informática. Experticias.com
La administración de justicia contemporánea se asienta sobre un andamiaje procesal e investigativo de alta complejidad, en el cual el esclarecimiento de los hechos litigiosos y controvertidos exige, de manera irrenunciable, el concurso de conocimientos técnicos especializados que escapan a la formación estrictamente dogmática y jurídica de los magistrados. Dentro de este sofisticado escenario, la figura del auditor forense emerge como un auxiliar de la justicia de importancia capital, consolidándose como el puente epistemológico entre las ciencias contables, las finanzas y el derecho. Desde el punto de vista etimológico, el término «forense», tal como lo ilustra el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, remite de manera directa a aquello «que concierne al foro; o sea, a los tribunales y su audiencia». En consecuencia, el rol fundamental del auditor forense es el de un experto profesional estrechamente vinculado a la maquinaria jurisdiccional, cuya misión cardinal consiste en aportar, con rigor científico y metodológico, las pruebas necesarias que coadyuven al esclarecimiento de una disputa legal.
Históricamente, la disciplina de la contaduría pública ha debido evolucionar de forma constante para dar respuesta a las coyunturas de una sociedad amenazada por flagelos como el fraude corporativo y la corrupción gubernamental. Frente a la creciente sofisticación de los crímenes de cuello blanco, las manipulaciones de registros, el lavado de dinero y los desfalcos, la auditoría financiera tradicional resultó insuficiente, cediendo su paso a la auditoría forense, entendida esta como una investigación profunda dotada de una mayor perspectiva. La contaduría pública, bajo esta dimensión pericial, actúa como una ciencia social auxiliar del derecho, permitiendo reunir, procesar y presentar información financiera, contable, administrativa e impositiva mediante un formato probatorio que resulta admisible y asimilable para el juzgador. Así, el experto provee un apoyo real en la búsqueda incesante de la verdad procesal, ajustándose irrestrictamente a las normas y reglas procesales vigentes.
Naturaleza y Límites de la Actuación del Auxiliar de Justicia
El perfil del contador público, al revestirse de la autoridad de perito contable judicial, se orienta a examinar, valorar e interpretar de manera objetiva los hechos controvertidos en casos de litigio, aplicando técnicas de investigación criminalística integradas con la contabilidad y habilidades de negocio. Eduardo Couture, insigne procesalista, define al perito precisamente como aquel auxiliar de la justicia que, en el ejercicio de una función pública o actividad privada, es llamado a emitir un dictamen sobre puntos relativos a su arte o práctica, asesorando a los jueces en materias ajenas a la competencia de estos.
No obstante, el ejercicio de este rol se encuentra sujeto a límites teleológicos y procedimentales sumamente rigurosos, los cuales el auditor forense no debe traspasar. Tal como lo precisan Colmenárez y otros, «el perito no juzga ni dicta sentencia; ni puede hacerlo ni se le requiere para ello, esas tareas corresponden al juez». La única y exclusiva misión del auditor forense es asistir al juez en la interpretación de pruebas o hechos financieros mediante un criterio técnico, emitiendo una conclusión estructurada preferiblemente en términos cuantitativos. El experto no posee la facultad de decidir sobre culpabilidades o inocencias; su labor consiste en desnudar la realidad económica subyacente para ilustrar el entendimiento del magistrado. En este sentido, el auditor asume el papel de un tercero técnico, ajeno a los intereses encontrados de las partes, que por encargo del tribunal se transforma en un funcionario ocasional de la justicia.
El auditor forense puede intervenir en el proceso asumiendo distintos ropajes procesales: como experto técnico formalmente designado, como asesor en la aportación de pruebas, o incluso como testigo experto. La figura del testigo experto implica que el profesional acude al proceso para deponer sobre hechos concomitantes o anteriores que ha presenciado o conocido, pero respecto de los cuales posee conocimientos científicos que le permiten realizar una valoración altamente calificada, manteniendo siempre a salvo el derecho de contradicción de la contraparte. Independientemente de la modalidad de su participación, la finalidad última radica en mejorar ostensiblemente la calidad y la precisión de la labor judicial, mitigando los márgenes de error derivados de la ausencia de conocimientos técnicos especializados.
La Diversidad Jurisdiccional de la Intervención Forense
La trascendencia del auditor forense se evidencia en la amplitud de las ramas jurisdiccionales en las que resulta imperativa su intervención. En el ámbito judicial, su área de influencia abarca la jurisdicción civil, penal, mercantil, laboral, tributaria, agraria, ambiental y administrativa, siempre que la litis recaiga sobre fenómenos de índole económica.
En la jurisdicción Civil, la experticia contable suele invocarse cuando existen conflictos de intereses particulares, discrepancias contractuales, divisiones de bienes, asuntos de familia o sucesiones que demanden el análisis de patrimonios. Las experticias en este campo pueden ser judiciales o extrajudiciales, dependiendo de si son ordenadas dentro del proceso o promovidas mediante retardo perjudicial como prueba anticipada. Desde su función procesal, la labor del experto civil puede ser probatoria (para comprobar puntos de hecho controvertidos) o decisoria y complementaria del fallo (cuando el juez condena al pago de frutos o daños y requiere del perito para cuantificarlos de manera ejecutoriada). Además, estas experticias pueden ser impulsadas a instancia de parte, recayendo en ellas la carga de la prueba, o decretadas de oficio por el juez en ejercicio de su potestad de «mejor proveer» para alcanzar la verdad procesal.
En el espectro del Derecho Penal, la actuación del auditor forense reviste un carácter de excepcional rigurosidad, dada la implicación de privación de libertad y delitos contra el patrimonio público o privado. El experto penal interviene frecuentemente adscrito a órganos de investigación estatales, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o la Contraloría General de la República. En la fase preparatoria o de investigación preliminar, el auditor forense recaba evidencias dirigidas a sustentar la imputación y descubrir la existencia material del delito y sus responsables. Posteriormente, en la fase de juicio oral, el principio de oralidad exige que el perito comparezca personalmente ante el estrado judicial, sometiéndose a un riguroso debate e interrogatorio por parte de la fiscalía, la defensa y el juez, donde deberá defender su dictamen, explicar su metodología y sustentar la idoneidad de sus conocimientos.
En el campo Tributario, el peritaje contable judicial se concibe como una amalgama de procedimientos destinados a examinar la adecuada determinación de la base imponible, el cumplimiento formal de las obligaciones impositivas y el pago oportuno ante la administración fiscal. Esta área adquiere vital relevancia para salvaguardar el derecho a la defensa del contribuyente frente al poder sancionador del Estado. El auditor forense debe evaluar si se han materializado ilícitos formales (como la omisión de registros o libros obligatorios), ilícitos materiales (retrasos o evasiones) o ilícitos penales vinculados a la defraudación fiscal mediante ocultación o engaño. En esta jurisdicción, la experticia provee una noción objetiva que escapa al conocimiento general del juzgador contencioso.
En la materia Mercantil, el escrutinio pericial se centra primordialmente en disputas entre comerciantes, análisis de quiebras, insolvencias y fusiones corporativas. Para ello, el auditor se apoya estrictamente en las directrices del Código de Comercio, determinando la eficacia probatoria de los libros de contabilidad (diario, mayor, inventario), los cuales adquieren valor pleno siempre y cuando se lleven con las formalidades de ley, es decir, sin raspaduras, enmendaduras, alteraciones cronológicas o mutilación de folios. Finalmente, en materia Laboral, el peritaje se destina al recálculo de prestaciones sociales, revisión de indexaciones y análisis de nóminas, destacándose que, en esta rama, el juez posee la potestad legal de apartarse del dictamen pericial si este contraviene sus propias convicciones o el principio de equidad protectora del trabajador.
Deberes, Derechos y Responsabilidades del Auditor Judicial
La investidura del perito como auxiliar de justicia acarrea un catálogo inexcusable de deberes que garantizan la pulcritud del proceso legal. Entre sus deberes fundamentales destacan la obligatoriedad de aceptar el cargo para el cual ha sido designado (salvo causas justificadas de excusa), la comparecencia formal ante el estrado para prestar el juramento de ley, y la ejecución del trabajo con máxima diligencia, probidad y objetividad. El experto está ineludiblemente forzado a fundamentar su dictamen de forma completa, precisa y convincente, entregándolo en los plazos perentorios dictados por el tribunal. Además, en resguardo del debido proceso, el experto nunca debe actuar de manera aislada en desmedro de la contraparte; debe oír y procesar las observaciones escritas que las partes en litigio le formulen, integrándolas al análisis de su informe pericial.
Como correlato a sus obligaciones, el derecho consagra para el perito prerrogativas fundamentales, tales como el derecho a ejercer el cargo sin obstáculos ni injerencias externas, requiriendo auxilio del juez si las partes limitan su acceso a los archivos o registros contables. Del mismo modo, posee el derecho inalienable a percibir honorarios profesionales acordes a su investidura técnica, la cuantía de los bienes analizados y la complejidad del encargo, tarifas que no quedan al mero arbitrio del juzgador, sino que deben guiarse por los reglamentos y escalafones aprobados por los respectivos colegios de contadores públicos.
En el supuesto de que el auditor forense vulnere sus deberes formales, se expone a severas responsabilidades jurídicas. En el orden Penal, la falsedad en el dictamen, la simulación de pruebas o el falso testimonio constituyen delitos que acarrean penas privativas de libertad. En el ámbito Civil, el experto es directamente responsable por los daños y perjuicios económicos que inflija a las partes mediante una actuación transida de dolo, impericia, negligencia culposa o imprudencia profesional. Por último, en la esfera Disciplinaria, el tribunal está plenamente facultado para ordenar su destitución inmediata, reducir drásticamente la regulación de sus honorarios y someter su expediente al tribunal disciplinario de la colegiatura profesional respectiva.
Ética y Deontología en la Peritación Contable
Resulta innegable que la mera pericia técnica y el virtuosismo aritmético carecen de valor jurisdiccional si no se encuentran cimentados sobre una inquebrantable estructura deontológica. La ética pericial trasciende la dimensión puramente contable para adentrarse en la moral de las decisiones judiciales que impactan a la sociedad. En consecuencia, el auditor forense debe ajustar su proceder a principios rectores innegociables. El primero de ellos es el principio de imparcialidad; el experto no puede, bajo ninguna circunstancia, comportarse como un abogado defensor o un sicario probatorio de la parte que abona sus honorarios, su norte exclusivo debe ser el apego irrestricto a la veracidad científica objetiva.
A este principio se suma el principio de idoneidad profesional, el cual impone al auditor la obligación moral de no aceptar encargos que excedan sus competencias formativas, obligándolo a una actualización académica permanente frente a los dinámicos avances del crimen financiero y cibernético. Asimismo, cobra especial relevancia el principio de confidencialidad; el auditor forense es depositario temporal del secreto profesional, teniendo prohibido divulgar los hallazgos documentales o testimoniales obtenidos durante sus pesquisas a terceros ajenos al litigo, constituyendo su ruptura no solo una falta ética, sino un delito penado por la ley, salvo que dicha revelación se efectúe ante el juez de la causa en la presentación legítima de su informe. Todo este cuerpo ético exige que el profesional mantenga siempre un alto grado de escepticismo y prudencia analítica.
La Transformación de la Evidencia Forense en Prueba Judicial
En la praxis de la auditoría ordinaria, la evidencia se limita al soporte documental que valida el razonamiento sobre los estados financieros; no obstante, en la esfera de la auditoría forense, la evidencia adquiere un cariz sustancialmente distinto. Para que una evidencia alcance el estatus de «prueba» procesal, debe someterse a estrictos procesos de lícita obtención. El procesalista Eric Pérez Sarmiento subraya que la prueba persigue el conocimiento de realidades y hechos concretos que posibiliten el acceso a la verdad mediante los sentidos y la razón.
Para que los elementos recabados por el auditor muten de simples hallazgos a pruebas contundentes y válidas ante un estrado, deben acatar, tal como postulan Miguel Cano y Danilo Lugo, ciertos preceptos inexorables: deben originarse en una solicitud jurisdiccional válida, ser extraídas mediante planeación técnica y rigurosa sin atisbos de negligencia, jamás ser manipuladas de forma tendenciosa o maliciosa para inculpar injustamente a un sujeto, y estar documentadas en una estricta cadena de custodia temporal, fáctica y nominal. La ruptura de la licitud o la inobservancia formal en la recolección de los datos conlleva a la nulidad absoluta de las actuaciones periciales.
Dentro del espectro probatorio, el auditor forense estructura su labor a través del rastreo de «indicios», entendidos jurídicamente como señales, huellas o pistas derivadas de circunstancias fácticas, temporales o personales que, mediante inferencias lógicas, conducen a la reconstrucción del hecho delictuoso. Durante el desarrollo procedimental, el experto recaba datos primarios mediante técnicas directas como la observación selectiva y analítica de los procesos, la ejecución de entrevistas estructuradas, el levantamiento de cuestionarios y la inspección física pormenorizada de activos o registros subyacentes. Posteriormente, analiza datos secundarios provenientes de instrumentos públicos o privados, libros corporativos, bases de datos electrónicas protegidas por contraseñas, o informes de especialistas asociados. En esta labor, el auditor debe tener la agudeza mental para identificar la materialización de la voluntad delictiva, descifrando el móvil y la oportunidad que facilitaron el fraude.
El Dictamen Pericial: Cristalización del Auxilio Jurisdiccional
El pináculo de la intervención del auditor forense en su rol de auxiliar de la justicia se materializa con la redacción y consignación del informe o dictamen pericial. A diferencia de los modelos de auditoría financiera, el peritaje judicial no se adhiere a un formato estandarizado universal, sino que exige una confección exhaustiva adaptada a las singularidades y puntos de controversia dictados por el juez. Aurelio Bermúdez Álvarez postula que este dictamen es, en sí mismo, «Un instrumento de prueba Científico, Técnico, Objetivo, Razonado, Imparcial y Concluyente».
El dictamen forense debe incorporar ineludiblemente secciones claramente delimitadas: una etapa introductoria donde se identifique la autoridad receptora, el expediente, los peritos intervinientes y el alcance preciso de los puntos objeto de experticia ordenados por el juzgado. Seguidamente, debe presentar la motivación científica, es decir, el detalle riguroso de la metodología, bases legales, pruebas recabadas y análisis aplicados; continuando con la exposición de los cálculos matemáticos o aritméticos pormenorizados; culminando en conclusiones lógicas y firmes emanadas de la prueba. Es imprescindible que en el documento se advierta una separación meridiana entre lo que constituyen los hechos verificables y lo que podrían ser meras conjeturas, debiendo abstenerse absolutamente de formular tipificaciones penales o calificar la naturaleza delictiva de las acciones, lo cual es señorío único del juez.
Una de las facetas dogmáticas más trascendentales de la función del auditor forense es comprender que, a pesar de la incuestionable calidad técnica de su dictamen probatorio, el informe no posee carácter imperativo ni absolutista para el magistrado, a menos que la ley así lo exprese en casos de avalúos o cuantificación forzosa. En virtud de los mandatos del Código de Procedimiento Civil y el Código Civil, rige el principio de soberanía del juzgador. El tribunal analiza el conjunto de medios probatorios bajo el amparo de la «sana crítica» procesal, ostentando la potestad soberana de desconocer, desechar o apartarse razonadamente del dictamen de los expertos si su íntima convicción y el cruce dialéctico de otras pruebas aportadas al debate le llevan a conclusiones antitéticas.
En conclusión, la incursión del auditor forense en el teatro de operaciones del derecho procesal constituye un paradigma de invaluable colaboración para la supervivencia del Estado de Derecho. Su rol como auxiliar de la justicia trasciende el mero mecanicismo matemático; representa la infusión de la certidumbre técnica, el rigor ético y la transparencia científica en el discernimiento de los juzgados, posibilitando que el juez de la causa, auxiliado por la pericia contable, posea una aproximación indubitable hacia los hechos financieros reales y garantice, en definitiva, la correcta, justa e imparcial administración de la legalidad en cualquier fuero donde se le convoque.
Referencias
Alvarado, V., & Peña, F. (2010). Auditoría Forense: Una Auditoría Financiera de Mayor Perspectiva y El Peritaje Contable Judicial (2a ed.). Librería J. Rincón G. C.A.