Valoración jurídica de los conocimientos científicos en el proceso judicial

Raymond Orta Martinez, Abogado Especialista en Derecho Procesal UCV, y Tecnologías UNE

Introducción

La valoración jurídica de los conocimientos científicos en el proceso judicial consiste en traducir afirmaciones empíricas (sobre causalidad, identificación, cuantificación de daños, fiabilidad de una técnica, etc.) a decisiones probatorias sujetas a garantías (debido proceso, contradicción, igualdad de armas, motivación) y a estándares de admisibilidad y suficiencia (pertinencia, fiabilidad, legalidad, utilidad). En términos comparados, se observan dos modelos predominantes: (i) el modelo de “gatekeeping” (control previo y activo de fiabilidad por el juez), emblemáticamente desarrollado en Estados Unidos desde Daubert (1993) y extendido a toda prueba experta por Kumho (1999) [1]; y (ii) el modelo de libre valoración motivada (sana crítica), característico de sistemas continental-europeos y latinoamericanos, donde la admisión suele ser más amplia, pero la motivación debe explicar por qué una técnica científica merece (o no) crédito, con control constitucional y convencional posterior (por ejemplo, Tribunal Constitucional español y TEDH) [2].

Los estándares contemporáneos convergen en un núcleo: fiabilidad demostrable, transparencia sobre tasa de error e incertidumbre, existencia de validación y control de sesgos, y posibilidad real de contradicción (acceso a datos, métodos, cadena de custodia y a los expertos). Esta convergencia se ve reforzada por guías científicas y forenses (NAS 2009; PCAST 2016; ENFSI sobre informes evaluativos y razón de verosimilitud; estándares de competencia de laboratorios como ISO/IEC 17025) [3]. En paralelo, la prueba científico-tecnológica moderna (genética, biometría, IA) abre riesgos éticos y de derechos fundamentales (privacidad, discriminación algorítmica, opacidad), regulados crecientemente por instrumentos como el RGPD y el Reglamento de IA (UE) 2024/1689 [4], y por estándares de gobernanza (OCDE 2019; UNESCO 2021; NIST AI RMF 1.0) [5].

Conclusión operativa: la buena práctica judicial no es “creer” o “no creer” a la ciencia, sino exigir su trazabilidad (método, datos, límites, incertidumbre), asegurar contradicción efectiva y motivar con claridad por qué el tribunal adopta (o descarta) una inferencia científica. Ello reduce errores judiciales, evita falacias probabilísticas, y fortalece legitimidad y derechos. [6]

Definición y alcance de los conocimientos científicos en el proceso judicial

En el proceso, “conocimientos científicos” no equivale a “verdad”, sino a conocimiento especializado que (a) se produce mediante métodos disciplinarios reconocibles (observación, medición, inferencia, experimentación o modelización), (b) genera resultados controlables (por replicación, contraste o auditoría), y (c) se presenta para sostener una inferencia relevante sobre hechos controvertidos. El derecho, por su parte, exige que ese conocimiento entre al proceso a través de vehículos probatorios (principalmente la prueba pericial o experticia, y en ocasiones documentos científicos o informes técnicos), con reglas sobre idoneidad, contradicción y motivación.

La forma de entrada y el “alcance” de lo científico depende del sistema. En el derecho federal estadounidense, la noción procesal se formula como “scientific, technical, or other specialized knowledge” y su admisión queda sujeta a que el testimonio ayude al juzgador, se base en datos suficientes, derive de principios y métodos fiables y aplique esos métodos de manera fiable al caso [7]. En sistemas de tradición continental, la pericia se concibe como auxilio al tribunal para materias fuera del saber ordinario; la valoración, como regla, es libre pero racional y motivada, y puede ser revisada por vulneración de garantías (p. ej., presunción de inocencia por falta de prueba de cargo; indefensión por falta de contradicción).

Este encuadre implica una distinción jurídica crucial: (i) validez/admisibilidad (si el material puede entrar y ser considerado) y (ii) fuerza convictiva/peso (cuánto prueba, y bajo qué condiciones). La experiencia comparada muestra que muchos litigios sobre prueba científica no discuten “si hay ciencia”, sino si hay ciencia suficientemente confiable y discutible en sede judicial: cadena de custodia, sesgos (cognitivos y de confirmación), insuficiente validación, opacidad algorítmica o abuso del lenguaje probabilístico. [8]

Estándares y criterios de admisibilidad y valoración comparada

En Estados Unidos, el tránsito de Frye a Daubert marca el punto de inflexión. En Frye v. United States (1923), un tribunal rechazó una prueba temprana de “decepción” basada en presión sanguínea, afirmando que la técnica debía estar “generalmente aceptada” en el campo científico pertinente antes de ser admitida; el caso surge, precisamente, por la oferta de un “deception test” como evidencia experta [9]. En Daubert v. Merrell Dow (1993), la Corte Suprema federal estableció que la Regla 702 desplaza el criterio rígido de aceptación general y asignó al juez un rol de “gatekeeper”, proponiendo factores flexibles de fiabilidad (contrastabilidad, revisión por pares/publicación, tasa de error, estándares de control y aceptación general) [10]. Posteriormente, Joiner (1997) consolidó la deferencia en apelación (estándar de abuso de discreción) y rechazó inferencias científicas sostenidas por el “ipse dixit” del experto (conclusiones no conectadas de manera fiable con los datos) [11]. Kumho Tire (1999) extendió el control de fiabilidad a toda experticia (técnica u otra), no sólo “ciencia” en sentido estricto [12]. Más recientemente, la actualización oficial de las Reglas Federales de Evidencia consolidada a 1 de diciembre de 2023 refleja la tendencia a reforzar el umbral de admisión y el deber judicial de controlar la aplicación fiable de métodos [13].

En Europa (en sentido estricto de derecho supranacional), no existe un “Daubert europeo” uniforme: la admisibilidad suele regirse por derecho interno. Sin embargo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del TEDH imponen condiciones de equidad sobre la prueba experta: igualdad de armas, contradicción y neutralidad institucional. Así, en Bönisch v. Austria (1985) el TEDH declaró vulnerado el artículo 6.1 por un desequilibrio estructural en la prueba pericial (brecha de imparcialidad/equidad) [14]; y en Mantovanelli v. France (1997) analizó el principio de contradicción respecto de un informe pericial médico, recordando que la cuestión se inserta en la garantía del “fair hearing” del artículo 6.1 [15]. En materia genética y datos, S. and Marper v. United Kingdom (GC, 2008) es hito: el TEDH sostuvo que el almacenamiento de datos (huellas, perfiles y muestras) constituye injerencia en la vida privada, y concluyó que hubo violación del artículo 8 por retención de datos de no condenados [16].

En España, el estándar práctico combina: (i) reglas procesales sobre pericia y diligencias corporales, (ii) doctrina del Tribunal Supremo (incluyendo acuerdos no jurisdiccionales en ADN), y (iii) control constitucional sobre intimidad, autodeterminación informativa y presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional, en STC 199/2013, desestimó el amparo en un caso donde el núcleo era si la toma subrepticia/indirecta de muestra biológica y su uso como prueba de ADN respetaba garantías, destacando que era la primera vez que el TC se pronunciaba con ese nivel sobre garantías en toma de muestras biológicas expulsadas voluntariamente bajo custodia policial (voto particular) [17]. En STC 135/2014, también desestimatoria, el TC afirmó que el análisis de ADN incide en intimidad, pero que la injerencia puede legitimarse por consentimiento (si es válido) y que la condena puede sostenerse si existe prueba de cargo suficiente, incluyendo corroboración por otros indicios [18]. A ello se suma la doctrina del TS sobre asistencia letrada en consentimiento del detenido para obtención de material biológico, reflejada tanto en acuerdo del Pleno de 24/09/2014 [19] como en comunicación institucional del CGPJ al aplicar esa doctrina [20].

En México y Argentina predomina formalmente el paradigma de libre valoración racional (sana crítica), pero con reglas de admisión y exclusión (prueba ilícita; pertinencia; contradicción) y un creciente énfasis jurisprudencial en cadena de custodia, litigación adversarial y control de confiabilidad. En México, el CNPP regula la cadena de custodia como garantía de autenticidad e integridad del indicio [21], y la jurisprudencia ha precisado que ciertas transgresiones no necesariamente convierten el dato en ilícito si no comprometen su fiabilidad de modo decisivo [22]. En Argentina, los debates emblemáticos han girado alrededor de la extracción compulsiva de material genético y el conflicto entre autonomía/privacidad y derecho a la verdad/identidad, resuelto con ponderaciones caso a caso por la CSJN en precedentes como Vázquez Ferrá (2003) y Gualtieri Rugnone de Prieto (2009) [23].

Tabla comparativa de estándares y criterios por jurisdicción

Normativa y guías nacionales e internacionales relevantes

La regulación útil para jueces y litigantes se distribuye en tres capas: (i) normas procesales (cómo entra y se discute la prueba), (ii) normas técnico-institucionales (calidad del laboratorio, reporte, trazabilidad), y (iii) normas de derechos fundamentales (límites a obtención/retención/uso de datos sensibles).

En el plano procesal, EE. UU. cuenta con la arquitectura de las Federal Rules of Evidence, con centralidad de la Regla 702 y su lectura a la luz de Daubert–Joiner–Kumho, publicada oficialmente en la compilación actualizada a 1 de diciembre de 2023 [39]. España dispone de la LEC (civil) y LECrim (penal) en texto consolidado oficial BOE [40], y criterios específicos sobre obtención y uso de ADN en documentos institucionales del Ministerio de Justicia que sistematizan jurisprudencia de la Sala Segunda (incluyendo referencia a modificaciones procesales en ADN y a la distinción entre validez/licitud y problemas de fiabilidad/cadena de custodia) [41]. México se rige, en penal, por el CNPP (texto oficial disponible vía Cámara de Diputados) con reglas expresas sobre cadena de custodia y actuación pericial [21], y en civil/familiar por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (instrumento nacional de unificación procesal) [42]. Argentina cuenta con CPCCN y CPPN disponibles en InfoLEG [38].

En el plano técnico, destacan: (a) ISO/IEC 17025 como estándar internacional para competencia, imparcialidad y operación consistente de laboratorios, relevante para auditar resultados periciales (especialmente en ciencias forenses) [43]; (b) la guía ENFSI sobre informes evaluativos y uso de likelihood ratio para expresar fuerza probatoria bajo incertidumbre, promoviendo transparencia sobre datos y supuestos [44]; y (c) los informes científicos con impacto jurídico: NAS 2009 sobre debilidades estructurales del sistema forense estadounidense [45] y PCAST 2016 sobre “validación fundacional” y “validez en aplicación” en métodos forenses de comparación de rasgos, con recomendaciones dirigidas a tribunales [46]. En ciencia general, el informe NASEM 2019 sobre reproducibilidad/replicabilidad ofrece definiciones y marcos de rigor útiles para entender límites epistémicos de estudios presentados como prueba [47].

En derechos fundamentales y gobernanza tecnológica, la capa europea es particularmente incisiva: el RGPD regula tratamiento de datos personales e incluye definiciones y salvaguardas relevantes para datos genéticos y perfiles (especialmente como categorías sensibles), con texto oficial EUR-Lex [48]; el Reglamento de IA (UE) 2024/1689 establece reglas armonizadas para sistemas de IA y se apoya expresamente en la protección de derechos fundamentales, con entrada en vigor reflejada en el propio expediente de EUR-Lex [49]. En instrumentos globales, la Recomendación OCDE sobre IA (2019) fija un estándar intergubernamental de “IA fiable” [50], mientras UNESCO (2021) articula un marco ético basado en dignidad, derechos, transparencia y no discriminación [51]; y NIST AI RMF 1.0 (2023) propone un marco operativo para gestionar riesgos (sesgos, privacidad, medición de riesgos) [52].

Finalmente, para evidencia forense en contextos de graves violaciones de derechos humanos, instrumentos ONU aportan estándares de investigación: el Protocolo de Minnesota (2016) y el Protocolo de Estambul (ed. 2022) enfatizan calidad de investigación, documentación y uso de evidencia médico-forense bajo criterios de efectividad, independencia y rigor [53]. En genética y ética biomédica, la OMS ha publicado revisiones y guías sobre cuestiones éticas en genética médica y provisión de servicios genéticos, pertinentes para privacidad genética y consentimiento [54].

Enlaces oficiales y primarios (selección mínima, sin ánimo exhaustivo):

EE. UU.
– Daubert (U.S. Reports PDF): https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep509/usrep509579/usrep509579.pdf
– Joiner (U.S. Reports PDF): https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep522/usrep522136/usrep522136.pdf
– Kumho (U.S. Reports PDF): https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep526/usrep526137/usrep526137.pdf
– Federal Rules of Evidence (compilación oficial, 1 dic 2023): https://www.uscourts.gov/sites/default/files/evidence_federal_rules_pamphlet_dec_1_2023.pdf

España
– LEC (BOE, PDF consolidado): https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf
– LECrim (BOE, PDF consolidado): https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
– STC 199/2013 (HJ Tribunal Constitucional): https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23715
– STC 135/2014 (HJ Tribunal Constitucional): https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24074
– Acuerdo TS 24/09/2014 (referencia BOE Biblioteca Jurídica): https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2014-10053100531_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Acuerdos_del_Pleno_de_la_Sala_Segunda_del_Tribunal_Supremo_%28A%C3%B1o_2014%29

México
– CNPP (Cámara de Diputados): https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf
– Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (Cámara de Diputados): https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf
– Semanario Judicial (buscador general): https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/

Argentina
– SAIJ (Vázquez Ferrá, 2003): https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-vazquez-ferra-evelin-karina-inc-apelacion-fa03000268-2003-09-30/123456789-862-0003-0ots-eupmocsollaf
– SAIJ (Gualtieri Rugnone de Prieto, 2009): https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-gualtieri-rugnone-prieto-emma-elidia-otros-sustraccion-menores-10-anos-causa-n-46-85-fa09000070-2009-08-11/123456789-070-0009-0ots-eupmocsollaf
– InfoLEG CPCCN: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm
– InfoLEG CPPN: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm

TEDH / Consejo de Europa
– S. and Marper (PDF conversión HUDOC): https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?filename=CASE+OF+S.+AND+MARPER+v.+THE+UNITED+KINGDOM.pdf&id=001-90051&library=ECHR
– Bönisch (PDF HUDOC): https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=001-57443.pdf&id=001-57443&library=ECHR

Unión Europea
– RGPD (EUR-Lex): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng
– Reglamento IA 2024/1689 (EUR-Lex ES): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=es

Doctrina y jurisprudencia clave comparada

La jurisprudencia comparada revela patrones de racionalidad probatoria que trascienden sistemas, aunque con técnicas dogmáticas distintas.

En EE. UU., Frye (1923) parte de un hecho simple: el acusado pretendía introducir un “deception test” por presión sanguínea como prueba experta; el tribunal lo rechazó por no estar suficientemente establecido/aceptado en el campo correspondiente [28]. Daubert (1993) surge de un litigio civil por malformaciones atribuidas al fármaco Bendectin y redefine el problema: no es si la comunidad “acepta” en bloque, sino si el razonamiento y método son fiables y relevantes según Regla 702, asignando al juez la función de filtro [10]. Joiner (1997) —exposición a PCBs y cáncer— consolida el estándar de revisión (abuso de discreción) y legitima excluir inferencias cuando el salto entre estudios/datos y conclusión es injustificado [55]. Kumho (1999), nacido de un vuelco por fallo de neumático y una pericia de análisis de fallas, resuelve el alcance: el filtro de fiabilidad aplica también a conocimiento “técnico u otro especializado”, no sólo ciencia académica [56]. Consecuencia estructural: la “ciencia” entra en el proceso como conocimiento sometido a auditoría judicial; el litigio se desplaza a medidas de fiabilidad (validación, tasas de error, estándares y aplicación). [57]

En el plano europeo (TEDH), los casos más influyentes no crean un test científico, sino un test de equidad del uso de experticia. En Bönisch v. Austria (1985), el TEDH concluye que hubo violación del artículo 6.1 CEDH [29], en un contexto donde la estructura de la prueba pericial favorecía a la acusación (la propia sentencia recoge la discusión sobre tratamiento desigual entre el “Institute’s expert” y el experto de la defensa) [14]. En Mantovanelli v. France (1997), por una demanda contra un hospital tras la muerte de la hija de los demandantes, la controversia se centra en cómo se produjo y utilizó el informe pericial y si respetó el principio de contradicción como componente del artículo 6.1 [58]. En S. and Marper (GC, 2008), aun fuera del eje “admisibilidad” en juicio, el TEDH fija una doctrina de fondo crucial para prueba genética: el almacenamiento de datos íntimos es injerencia, y la retención de huellas/perfiles/muestras de no condenados vulneró el artículo 8 [59]. Consecuencia: los sistemas nacionales deben justificar proporcionalmente obtención y retención de material genético, y asegurar salvaguardas contra abuso [31].

En España, la jurisprudencia constitucional de ADN se ha articulado como control de garantías (intimidad, autodeterminación informativa, proceso con garantías) más que como “test científico” de fiabilidad. La STC 199/2013 —caso en que se discutía el uso de ADN y la falta de garantías en toma subrepticia de muestra biológica expulsada voluntariamente bajo custodia— termina desestimando el amparo [60], pero visibiliza el problema y genera voto particular que critica la “elusión” del debate iusfundamental y recalca exigencias de previsión legal y, en general, autorización judicial salvo urgencia [32]. La STC 135/2014, también desestimatoria, declara que el análisis de ADN puede implicar injerencia en intimidad, pero valida la obtención mediante intervención corporal leve con consentimiento como fuente de legitimación, y subraya que la condena no depende sólo del ADN si existe cuadro indiciario y pruebas adicionales [61]. En el plano del Tribunal Supremo, el acuerdo de 24/09/2014 y su aplicación institucional refuerzan garantías en obtención de muestras de detenidos (asistencia letrada o autorización judicial en defecto), y ordenan procesalmente el momento y forma de impugnación para permitir contradicción [62].

En México, el desarrollo es normativo-jurisprudencial: el CNPP disciplina cadena de custodia y actuación pericial [21], y la jurisprudencia ha afinado el criterio de que la cadena de custodia no opera como formalismo automático de exclusión, sino como mecanismo para preservar autenticidad/fiabilidad; su ruptura puede no derivar en ilicitud si no afecta decisivamente la integridad del dato [35]. Asimismo, la Suprema Corte (Plenos Regionales) ha establecido criterios sobre equilibrio entre confidencialidad de informantes y derecho de defensa y contradicción, relevantes cuando técnicas científicas o digitales se soportan en fuentes reservadas .

En Argentina, dos precedentes de CSJN son paradigmáticos para prueba genética y límites: Vázquez Ferrá (2003) revoca la extracción compulsiva de sangre a una persona mayor de edad, presunta víctima de sustracción/supresión de estado civil en dictadura, apoyándose en intimidad/autonomía [36]; y Gualtieri Rugnone de Prieto (2009) discute extracción compulsiva en causas vinculadas a desapariciones, ponderando alternativas menos lesivas y el conflicto entre autonomía personal y derecho a la verdad/identidad [37]. Consecuencia: el ADN no es sólo “técnica fiable”, sino una prueba cuya obtención afecta cuerpo e identidad, y exige un juicio de proporcionalidad y subsidiariedad. [63]

Cronología de hitos jurisprudenciales y normativos

Métodos periciales, límites epistemológicos y prácticas probatorias

La prueba científica se apoya en métodos con distintos perfiles epistémicos: (i) ciencias experimentales y biomédicas (toxicología, genética), (ii) ciencias estadísticas y epidemiológicas (causalidad), (iii) ciencias forenses de comparación de rasgos (huellas, balística, patrones), (iv) ciencias digitales (forensia informática) y (v) sistemas algorítmicos/IA (clasificación, reconocimiento). La valoración jurídica requiere discriminar entre: fiabilidad del método (validez fundacional), fiabilidad de la aplicación (caso concreto), y riesgo residual (incertidumbre y tasa de error), siguiendo el tipo de análisis promovido por PCAST [68] y el diagnóstico crítico del NAS 2009 sobre variabilidad e insuficiente base de conocimiento en varias disciplinas forenses [45].

En términos técnicamente relevantes para litigación, los límites más frecuentes son: (a) tasa de error y sus condiciones de medición (laboratorio vs mundo real), categoría central en la lógica Daubert [24]; (b) incertidumbre (no solo “margen”, sino sensibilidad a supuestos), cuestión que ENFSI propone manejar explícitamente en informes evaluativos mediante razones de verosimilitud e identificación de datos utilizados y supuestos [69]; (c) sesgos (cognitivos, de confirmación y de contexto) y (d) reproducibilidad/replicabilidad, problematizadas por NASEM 2019 como fenómenos estructurales a gestionar con transparencia y rigor [70]. Desde el punto de vista institucional, la acreditación bajo ISO/IEC 17025 no “prueba” la verdad del resultado, pero sí aporta un indicio fuerte de que el laboratorio opera con competencia y consistencia, relevante para el peso probatorio y para auditar fallas [71].

En la práctica probatoria, los puntos críticos son (i) admisión (audiencias preliminares; objeciones por ilicitud o falta de fundamento), (ii) contrainterrogatorio y contradicción pericial (examen de método, validación, cadena de custodia, calibración, ciego/cegamiento, controles de calidad), (iii) gestión de informes (estructura, límites, supuestos, datos brutos), y (iv) motivación judicial (explicar por qué se adopta una inferencia y se descartan alternativas). El derecho comparado converge en que la contradicción debe ser real: en el modelo norteamericano, por el gatekeeping [72]; en el europeo, por igualdad de armas y contradicción frente a pericias institucionalmente dominantes [73]; y en España, por la necesidad de plantear impugnaciones en fases procesales que permitan contradicción efectiva (doctrina institucional del TS aplicada por CGPJ) [74].

A partir de ello, las recomendaciones prácticas para jueces y abogados (orientadas a gestión y valoración) pueden formularse de modo operativo, sin caer en tecnicismos vacíos:

1) Exigir trazabilidad completa: método, protocolos, datos usados, controles, tasa de error, incertidumbre, y criterios de interpretación. Esto es coherente con el enfoque Daubert y con la agenda PCAST/NAS de evidencia validada [75].
2) Separar “admisibilidad” de “peso” en la motivación: incluso si se admite, el tribunal debe razonar por qué el resultado es fuerte, débil o inconcluyente, evitando el “todo o nada”. El propio razonamiento constitucional español distingue control externo de racionalidad e inferencia judicial, sin sustituir al juzgador ordinario, lo que exige motivación especialmente clara [18].
3) Gestionar la cadena de custodia como problema de integridad/fiabilidad, no como ritual. México ofrece un ejemplo útil: la jurisprudencia advierte que la transgresión no siempre vuelve ilícito el dato si no se compromete la confiabilidad; el litigio debe enfocarse en el impacto real y demostrable [35].
4) Evitar falacias probabilísticas (p. ej., “prosecutor’s fallacy”) y exigir que probabilidades se presenten con hipótesis alternativas explícitas; ENFSI sugiere reportes evaluativos ligados a proposiciones y fuerza probatoria bajo LR [76].
5) Controlar sesgos y dependencia institucional del perito: el estándar del TEDH es elocuente sobre desequilibrios cuando el perito “institucional” funciona de facto como brazo acusatorio [77].
6) En pruebas genéticas y corporales, aplicar un juicio de proporcionalidad y subsidiariedad: Argentina lo ilustra al ponderar alternativas menos lesivas frente a extracción compulsiva [63]; y el TEDH refuerza que retener/almacenar perfiles implica vida privada [59].

Diagrama de flujo del proceso de valoración judicial de la prueba científica (mermaid):

flowchart TD
A[Identificar la afirmación científica a probar] –> B[Relevancia jurídica y objeto de prueba]
B –> C[Control de obtención: legalidad, derechos fundamentales, cadena de custodia]
C –> D[Admisibilidad: idoneidad y fiabilidad mínima del método]
D –> E[Transparencia: datos, protocolos, validación, tasa de error, incertidumbre]
E –> F[Contradicción efectiva: acceso, peritos, contrainterrogatorio, pericia de parte]
F –> G[Valoración del peso: coherencia con otras pruebas, hipótesis alternativas]
G –> H[Motivación reforzada: por qué se acepta/rechaza; límites e incertidumbre]
H –> I[Decisión y control: revisión/impugnación por arbitrariedad o indefensión]

Gráfico (línea) sobre evolución temporal (acumulativa) de hitos de estandarización en prueba científica (muestra no exhaustiva):
La serie siguiente representa el acumulado de hitos seleccionados en la cronología anterior (Frye → IA Act), para visualizar el aumento sostenido de marcos de control y gobernanza. Los años y hitos están documentados en las fuentes citadas (Daubert, Kumho, TEDH, TC, CNPP, PCAST, OCDE, FRE 2023, Reglamento IA UE). [78]

xychart-beta
  title «Evolución temporal de estándares/hitos (acumulado en muestra comparada)»
  x-axis [1923, 1975, 1993, 1997, 1999, 2003, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016, 2019, 2023, 2024]
  y-axis «Hitos acumulados» 0 –> 14
  line [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

Riesgos éticos y de derechos humanos, lagunas doctrinales y preguntas de investigación

La expansión de la prueba científica hacia genética e IA vuelve insuficiente una evaluación meramente “técnica”. El riesgo jurídico central es que la ciencia se use como autoridad epistémica incontestable, debilitando contradicción y motivación, y amplificando errores sistemáticos.

En genética, los riesgos incluyen privacidad genética, reutilización de muestras y perfiles, y tratamiento de datos sensibles. S. and Marper fija que la mera retención de datos biométricos/genéticos implica injerencia en vida privada y exige salvaguardas; su conclusión de violación del artículo 8 por retención de no condenados es un parámetro fuerte de proporcionalidad [59]. En la UE, RGPD regula datos personales (incluyendo rasgos genéticos en definiciones y reglas de protección) [79]. En el plano ético-sanitario, la OMS ha producido marcos sobre cuestiones éticas en genética médica, útiles para estructurar consentimiento, confidencialidad y no discriminación [54].

En IA y algoritmos, los riesgos específicos son: (i) discriminación algorítmica (por datos sesgados o proxies), (ii) opacidad y secreto (imposibilidad de refutar), (iii) desplazamiento de responsabilidad (“lo dijo el sistema”), y (iv) expansión de vigilancia. El Reglamento de IA (UE) 2024/1689 adopta un enfoque basado en riesgos y declara explícitamente su finalidad de proteger derechos fundamentales mientras armoniza el mercado [80]. Complementariamente, OCDE (2019) y UNESCO (2021) refuerzan la exigencia de IA centrada en el ser humano, transparencia y justicia/no discriminación [81]; y NIST AI RMF 1.0 ofrece un esquema operacional para gobernar, mapear, medir y gestionar riesgos (incluyendo sesgos y privacidad) [52].

En contextos de derechos humanos e investigación de graves violaciones, los riesgos consisten en mala praxis forense, manipulación de evidencia o documentación deficiente. El Protocolo de Minnesota (2016) y el Protocolo de Estambul (2022) elevan el estándar de investigaciones efectivas e independientes y tratan evidencia médico-forense como garantía de verdad y justicia, no como formalidad [82].

Persisten, no obstante, lagunas doctrinales relevantes. Primero, falta una teoría procesal suficientemente asentada sobre cómo motivar cuantitativamente la incertidumbre (probabilidades, LR) sin generar confusión en jueces/jurados; ENFSI avanza, pero su recepción judicial es desigual [76]. Segundo, la prueba algorítmica plantea un conflicto agudo entre secreto empresarial y derecho de defensa: sin acceso a datos/modelos, la contradicción puede ser aparente, lo que enlaza con la preocupación estructural del TEDH sobre igualdad de armas en materia pericial [77]. Tercero, en muchos sistemas de libre valoración aún no existe un “estándar mínimo” explícito de fiabilidad para admitir ciencias forenses de comparación de rasgos, asunto críticamente señalado por NAS y PCAST [83].

Preguntas de investigación (propuestas) que se desprenden de estas lagunas: ¿Qué modelo de motivación es óptimo para que tribunales expliquen incertidumbre (probabilística) sin caer en falacias? ¿Cómo diseñar reglas procesales que aseguren auditabilidad de IA sin violar secretos legítimos, garantizando defensa? ¿Qué combinación de acreditación (ISO/IEC 17025), validación empírica (PCAST) y prácticas de reporte (ENFSI) mejora más la calidad y reduce errores judiciales, y cómo medirlo? [84]

[1] [10] [24] [75] https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/509/579

[2] [17] [32] [60] Sistema HJ – Resolución: SENTENCIA 199/2013

[3] [8] [45] [64] [83] https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/228091.pdf

[4] [48] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng

[5] [50] [67] [81] https://oecd.ai/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

[6] [7] [57] [72] https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702

[9] [28] [78] https://law.justia.com/cases/district-of-columbia/court-of-appeals/1923/no-3968.html

[11] [25] https://www.law.cornell.edu/supct/html/96-188.ZO.html

[12] [26] https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/97-1709

[13] [27] [39] https://www.uscourts.gov/sites/default/files/evidence_federal_rules_pamphlet_dec_1_2023.pdf

[14] [29] [73] [77] https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?filename=001-57443.pdf&id=001-57443&library=ECHR

[15] [30] [58] https://www.sakkyndig.com/ECHR/19970318_MANTO_v_FRANCE/MANTOVANELLI_v_FRANCE.pdf

[16] [31] [59] https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?filename=CASE+OF+S.+AND+MARPER+v.+THE+UNITED+KINGDOM.pdf&id=001-90051&library=ECHR

[18] [33] [61] https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24074

[19] [34] [62] [65] https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2014-10053100531_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Acuerdos_del_Pleno_de_la_Sala_Segunda_del_Tribunal_Supremo_%28A%C3%B1o_2014%29

[20] [74] https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/El-TS-aplica-su-nueva-doctrina-sobre-pruebas-de-ADN-y-confirma-que-se-requiere-asistencia-de-letrado-para-la-obtencion-de-muestras

[21] [66] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio//pdf/CNPCF.pdf

[22] [35] https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis

[23] [36] https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-vazquez-ferra-evelin-karina-inc-apelacion-fa03000268-2003-09-30/123456789-862-0003-0ots-eupmocsollaf

[37] [63] https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-gualtieri-rugnone-prieto-emma-elidia-otros-sustraccion-menores-10-anos-causa-n-46-85-fa09000070-2009-08-11/123456789-070-0009-0ots-eupmocsollaf

[38] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm

[40] https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-323-consolidado.pdf

[41] https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/1292428321081-Obtencion_de_muestras_biologicas_para_determinacion_de_A.D.N._Criterio_jurisprudencial.PDF

[42] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf

[43] [71] [84] https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html

[44] [69] [76] https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf

[46] [68] https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_forensic_science_report_final.pdf

[47] [70] https://nap.nationalacademies.org/resource/25303/R%26R.pdf

[49] [80] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng

[51] https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

[52] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf

[53] https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf

[54] https://iris.who.int/bitstreams/87c6df57-ada7-493d-9a08-336829068b6f/download

[55] https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep522/usrep522136/usrep522136.pdf

[56] https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep526/usrep526137/usrep526137.pdf

[79] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/eng

[82] https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/minnesota-protocol-investigation-potentially-unlawful-death