La Jurisprudencia Internacional sobre los Emoticonos y Emojis: Un Análisis Jurídico Multidisciplinar

Raymond Orta Martinez, Abogado Especialista en Derecho Procesal, Perito Informático

1. Introducción a la Lingüística Digital y su Relevancia Jurídica Fundamental

La transformación ontológica de las comunicaciones humanas mediante la adopción masiva de tecnologías digitales ha introducido nuevos e insospechados paradigmas en la interpretación de los lenguajes, obligando a los sistemas jurídicos de todo el mundo a adaptar sus marcos teóricos, normativos y probatorios a una velocidad sin precedentes. Los emojis y emoticonos, definidos desde una perspectiva lingüística y gramatical como pictogramas digitales integrados en flujos de texto continuo, han trascendido rápidamente su función meramente decorativa, lúdica o auxiliar original para erigirse como elementos estructurales de la comunicación moderna.¹ En la comunicación contemporánea, estos pictogramas no solo completan el contenido semántico de los mensajes o matizan las palabras que los acompañan, sino que en numerosas ocasiones pueden sustituir totalmente el texto alfabético, permitiendo una comunicación más fluida, inmediata y de alto impacto emocional.³

Para abordar esta materia con la rigurosidad analítica que exige la dogmática jurídica, es imperativo establecer la distinción terminológica y técnica entre un emoticono y un emoji, conceptos que los tribunales a menudo confunden o utilizan de manera intercambiable, generando resoluciones imprecisas. De acuerdo con las definiciones lexicográficas proporcionadas por entidades como Merriam-Webster y referenciadas en la doctrina estadounidense, los «emoticonos» (emoticons) son combinaciones de caracteres mecanografiados en un teclado estándar (tales como 🙂 o ¯\_(ツ)_/¯) que se utilizan fundamentalmente para representar una expresión facial estilizada que transmite el tono del escritor.¹ En marcado contraste, los «emojis» son pequeñas imágenes visuales, símbolos o iconos estandarizados y renderizados gráficamente, utilizados en campos de texto en comunicaciones electrónicas para expresar la actitud emocional del escritor, transmitir información de manera sucinta o comunicar un mensaje de forma lúdica sin la intervención de palabras.¹

La aparente trivialidad de estos símbolos gráficos oculta una profunda y laberíntica complejidad jurídica. Al carecer de definiciones gramaticales unívocas en los diccionarios tradicionales, y desprovistos de reglas sintácticas universalmente aceptadas, los emojis introducen un alto grado de ambigüedad en la manifestación de la voluntad civil, la configuración de conductas típicas en el derecho penal, la materialización de acuerdos contractuales comerciales y la evaluación del acoso en el entorno laboral.³ El análisis estadístico del litigio internacional demuestra de manera contundente que este fenómeno no es marginal ni anecdótico. Investigaciones académicas exhaustivas, lideradas por expertos en derecho tecnológico e internet como el profesor Eric Goldman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, revelan un crecimiento exponencial y sostenido en la citación de emojis y emoticonos en resoluciones judiciales formales.¹

El seguimiento empírico de la casuística revela una trayectoria asombrosa. Mientras que en el año 2004 apenas se registraba un único caso documentado en los tribunales estadounidenses que hiciera referencia a esta nueva forma de lenguaje, para el año 2017 la cifra anual había ascendido a 33 casos, saltando rápidamente a 53 casos en 2018 (lo que representó más del 30% del total acumulado hasta ese momento, que sumaba 171 casos).¹ La tendencia se ha acelerado drásticamente en la presente década: el censo del profesor Goldman para el año 2023 contabilizó 225 casos en Estados Unidos, lo que representó un incremento del 17% respecto al año anterior.¹ Más revelador aún es que el año 2023 marcó un hito histórico, cruzando la barrera de los 1.000 precedentes acumulados (específicamente 1.017 casos) en los tribunales estadounidenses que referencian explícitamente emojis y emoticonos.¹⁰ Es crucial notar, desde una perspectiva metodológica, que estas cifras representan únicamente la «punta del iceberg», dado que los investigadores solo pueden rastrear aquellos casos que alcanzan las bases de datos electrónicas publicadas, dejando en la sombra miles de litigios resueltos en tribunales de primera instancia o mediante acuerdos extrajudiciales.¹

Este volumen colosal de actividad judicial internacional subraya una tendencia fáctica innegable: el lenguaje pictográfico es una realidad operativa ineludible que genera consecuencias legales tangibles y, en ocasiones, devastadoras para las partes involucradas. La jurisprudencia comparada se enfrenta diariamente al colosal desafío de decodificar estos símbolos en disputas que abarcan todo el espectro del ordenamiento jurídico, desde el derecho de familia y las relaciones laborales subordinadas, hasta el derecho corporativo, la protección de la propiedad intelectual, el derecho probatorio procesal y el derecho penal de máxima gravedad, incluyendo delitos de homicidio, terrorismo y abuso sexual infantil.³ El presente informe detalla, con profundidad dogmática y máximo rigor analítico, el estado actual de la jurisprudencia internacional sobre los emojis, extrayendo conclusiones de segundo y tercer orden sobre cómo la emergente «lex digitalis» está reconfigurando las nociones clásicas de interpretación legal, el consentimiento y la teoría del delito.

2. Fundamentos Teóricos, Semiología y Hermenéutica Jurídica Digital

La asimilación de los emojis por parte del sistema judicial ha reavivado profundos debates en la teoría general del derecho y la filosofía jurídica respecto a cómo el Estado debe regular e interpretar las nuevas tecnologías de la comunicación. La doctrina académica ha analizado históricamente la relación indisoluble entre lengua y derecho, pero los nuevos medios virtuales presentan desafíos que desbordan los esquemas analíticos convencionales centrados en la vaguedad o ambigüedad de la palabra escrita.¹⁴

2.1. El Debate Teórico: La Ley del Caballo vs. El Enfoque Socio-Arquitectónico

La literatura académica especializada sobre la regulación del ciberespacio, particularmente en la interpretación de emojis, se divide fundamentalmente en dos grandes escuelas de pensamiento que guían la toma de decisiones judiciales. Por un lado, se encuentra el enfoque tradicionalista conocido como «La Ley del Caballo» (The Law of the Horse), postulado célebremente por el juez Frank Easterbrook de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Esta perspectiva conservadora argumenta que el ciberespacio y las nuevas tecnologías no requieren un conjunto único, especializado o novedoso de leyes.¹⁵ Bajo este prisma interpretativo, la mejor manera de abordar la manifestación de voluntad a través de emojis es aplicar las reglas generales existentes del derecho civil, el derecho penal o la Primera Enmienda constitucional.¹⁵ Es decir, un emoji de una pistola debe ser analizado bajo los mismos parámetros legales centenarios que una amenaza verbal, sin necesidad de crear una «ley de emojis».¹⁵

En contraposición diametral se erige el Enfoque Socio-Arquitectónico, liderado por el profesor Lawrence Lessig. Esta corriente sostiene que la ley por sí sola es insuficiente para garantizar los valores jurídicos en el ciberespacio, ya que la regulación debe abordar no solo el marco legal, sino también el «código» (la arquitectura tecnológica), las normas sociales emergentes y el mercado.¹⁵ Para la jurisprudencia que adopta este enfoque, la interpretación de un emoji exige un estudio multidisciplinar que trascienda la mera subsunción normativa; requiere un análisis de las normas de la cultura moderna, la interfaz del usuario, las limitaciones de diseño de la plataforma y el mercado en el que operan dichos símbolos.¹⁵ Los tribunales más progresistas están comenzando a alinear sus sentencias con la visión de Lessig, reconociendo que los atributos intrínsecos de la tecnología digital alteran fundamentalmente el mensaje, haciendo que la simple sustitución de palabras por imágenes sea un ejercicio hermenéutico insuficiente y potencialmente peligroso.

2.2. La Polisemia, el Contexto y la Subjetividad Inherente

El escollo hermenéutico primario que enfrentan los tribunales es la naturaleza profundamente polisémica de los emojis. A diferencia de las palabras estructuradas, cuyo significado puede anclarse en diccionarios oficiales avalados por academias de la lengua y en usos consuetudinarios rígidamente consolidados, los emojis carecen de definiciones claras, unívocas y reglas gramaticales inmutables.³ Su significado depende intrínseca y exclusivamente del contexto de la conversación, la relación preexistente entre los interlocutores y el dialecto digital específico de la comunidad virtual en la que se insertan.¹ Un mismo símbolo gráfico puede representar una emoción afable y conciliadora en un contexto amistoso, una ironía sarcástica y punzante en otro, o una amenaza velada y letal en un entorno conflictivo.³

Esta fluidez semántica se ve exacerbada por las profundas diferencias culturales que atraviesan la red global. La evidencia jurisprudencial y sociológica recopilada indica, por ejemplo, que el emoji del pulgar hacia arriba (👍), universalmente aceptado en Norteamérica y la mayor parte de Europa como una señal inofensiva de aprobación, conformidad o acuse de recibo, es considerado altamente ofensivo o vulgar en ciertas regiones del Medio Oriente.⁴ Del mismo modo, el emoji de la cara sonriente básica (🙂), que en las culturas occidentales denota amabilidad o cordialidad, es frecuentemente interpretado en China como una expresión pasivo-agresiva, denotando sarcasmo o profundo desdén.⁴

Esta extrema variabilidad semántica obliga a los juzgadores a abandonar las presunciones objetivistas tradicionales del derecho decimonónico y a adoptar un análisis fenomenológico riguroso. Los jueces ya no pueden limitarse a ser la «boca de la ley»; deben indagar simultáneamente en la intención subjetiva del emisor (el animus real al seleccionar el pictograma) y en la percepción objetiva del «receptor razonable» dentro de su microcosmos cultural específico, evaluando si la interpretación de la amenaza o la aceptación contractual fue racional dadas las circunstancias rodeantes.¹⁵ Ante este vacío, académicos han sugerido la creación de diccionarios legales especializados de emojis (como un hipotético Black’s Emoji Law Dictionary) para dotar de certidumbre al sistema, advirtiendo que, sin parámetros de referencia estandarizados, el significado jurídico de nuestras comunicaciones digitales quedará al arbitrio total de la discrecionalidad judicial.¹⁷

3. Desafíos Probatorios, Fragmentación de Plataformas y la Cadena de Custodia

Más allá de los debates semánticos abstractos, la incorporación de emojis a los expedientes judiciales presenta obstáculos técnicos y probatorios formidables que con frecuencia determinan el éxito o fracaso de un litigio millonario o de una condena penal.

3.1. La Discrepancia del Renderizado y la Propiedad Intelectual

Un desafío probatorio de primer orden, a menudo subestimado por los litigantes y los órganos investigadores, es la falta de uniformidad visual de los emojis a través de diferentes sistemas operativos, fabricantes de dispositivos y plataformas de software.⁴ El ecosistema digital funciona bajo un estándar dictado por el Consorcio Unicode, el cual establece una codificación base y una descripción genérica (asignando un código alfanumérico único a cada concepto, como «U+1F937» para la «persona encogiéndose de hombros» o person shrugging). Sin embargo, la representación gráfica final—los colores, los trazos, las expresiones faciales—es diseñada, ilustrada e implementada de manera propietaria por plataformas individuales como Apple (iOS), Google (Android), Samsung, Meta (Facebook/WhatsApp) o Microsoft.⁴

Esta discrepancia de diseño no es meramente una curiosidad estética; altera sustancialmente la carga emocional, psicológica y probatoria del mensaje. Un usuario puede enviar un emoji desde un dispositivo Apple creyendo de buena fe que transmite una emoción neutra, amigable o de asombro. No obstante, el receptor del mensaje, visualizándolo a través de la interfaz de un dispositivo Samsung o una versión web de Facebook, puede recibir una imagen cuyos micro-gestos denotan culpa, frustración, enojo o burla.²¹ Por ejemplo, el emoji U+1F937 (person shrugging) despliega un rostro neutral en Twitter y uno de satisfacción en Apple, mientras que la versión de Google históricamente ha mostrado frustración y la de Facebook evoca preocupación o culpa.²¹ El receptor interpretará el tono del mensaje, y por ende la manifestación de voluntad o la intención de acoso, basándose en la imagen que se materializa en su propia pantalla, no en la que vio el emisor.

El análisis profundo de este fenómeno revela una paradoja jurídica fascinante y perturbadora: la fragmentación visual que destruye la interoperabilidad semántica no obedece a limitaciones tecnológicas insalvables, sino a imperativos defensivos derivados del derecho de propiedad intelectual.¹⁸ Las corporaciones tecnológicas alteran intencionalmente los diseños de los emojis para crear obras derivadas originales que eviten infracciones de derechos de autor y conflictos de marcas registradas con sus competidores comerciales.¹⁸ Como resultado, la protección feroz de la propiedad intelectual corporativa está saboteando la capacidad de los ciudadanos para comunicarse entre sí de manera precisa, induciendo malentendidos evitables que terminan judicializándose y saturando los tribunales con demandas por acoso laboral, ruptura de contratos o amenazas penales derivadas de meros errores de renderizado.¹⁸

3.2. Valoración Probatoria y Errores Procesales Sistémicos

La admisibilidad, preservación y valoración de los emojis como prueba documental material exige protocolos técnicos extraordinariamente rigurosos que la mayoría de los tribunales aún no han asimilado. La jurisprudencia reciente demuestra que la descripción puramente oral o la transcripción textual de un emoji en las actas judiciales es crónicamente insuficiente y jurídicamente peligrosa.¹⁰

El riesgo de una mala praxis procesal quedó expuesto vívidamente en el caso penal estadounidense People v. Harmon (2025). En este proceso por homicidio, el acusado (Delarosa) apeló su condena argumentando la admisión indebida de un mensaje de Facebook enviado semanas antes del tiroteo, el cual sugería que poseía un arma de fuego.¹⁰ Durante el juicio oral, un investigador policial testificó ante el estrado describiendo los emojis adjuntos al mensaje simplemente como un «emoji de cara sonriente y un emoji de cuerno de diablo».¹⁰ Esta descripción verbal creó una ambigüedad perjudicial y evitable, ya que el mensaje original contenía un emoji de «cara con lágrimas de alegría» (😂) y una «cara sonriente con cuernos» (😈). La distinción es crítica: una cara llorando de risa tiene una connotación pragmática radicalmente distinta a una simple sonrisa, y el color específico del diablo (rojo frente a púrpura según el software) afecta dramáticamente la percepción de hostilidad o frivolidad por parte del jurado.¹⁰ El tribunal de apelaciones, sin embargo, no abordó este defecto testimonial.¹⁰

Peor aún, el caso Harmon ilustra los desastrosos errores en la preservación documental. En un intento por excluir la prueba, la defensa presentó una moción in limine. Sin embargo, la impresión en papel del mensaje que adjuntaron como prueba documental estaba corrupta: los sistemas de impresión del juzgado no reconocieron el formato Unicode, y en lugar de los emojis, el documento mostraba cuatro rectángulos en blanco muy juntos (texto ilegible o garbled).¹⁰ En ningún momento durante las audiencias la defensa alertó al juez de que esos rectángulos debían ser emojis. Cuando la defensa argumentó en apelación que los emojis habrían causado que el jurado infiriera una actitud indolente frente a la violencia armada, la corte de apelaciones desestimó el reclamo por un tecnicismo procesal impecable: el juez de primera instancia no abusó de su discrecionalidad al admitir la prueba, porque en el momento de tomar la decisión, los emojis no eran visibles en el expediente oficial debido a la ineptitud técnica de la propia defensa.¹⁰

Para mitigar estos vicios probatorios sistémicos que amenazan el debido proceso, la doctrina procesal moderna, encabezada por recomendaciones del profesor Goldman, ha establecido tres directrices procesales inexcusables para la litigación civil y penal moderna:

1. Doble Cadena de Evidencia Visual: Debido a la discrepancia de renderizado, los abogados litigantes deben presentar como prueba documental las representaciones visuales exactas de lo que vio el cliente emisor en su pantalla y lo que vio el cliente receptor en la suya, recreando el entorno tecnológico histórico exacto.⁷
2. Exhibición Directa a los Jueces de Hecho: Los jurados o magistrados deben ver el emoji real para poder juzgar su significado pragmático. Si se lee un testimonio en voz alta en el tribunal, los emojis deben proyectarse visualmente en la sala, prohibiendo terminantemente la descripción oral por parte de testigos o secretarios.¹⁰
3. Preservación en el Corpus Jurisprudencial: Los jueces tienen la obligación de incluir una visualización directa de los emojis reales en el cuerpo de sus sentencias y opiniones. Aunque las bases de datos legales electrónicas a menudo fallan en renderizar estos caracteres, los tribunales deben garantizar que los símbolos aparezcan correctamente en los documentos PDF oficiales, garantizando la integridad de la jurisprudencia para futuras investigaciones.¹⁰

4. Derecho Contractual y Obligaciones Civiles: La Manifestación Objetiva del Consentimiento

La intersección inexplorada entre los emojis y el derecho estricto de los contratos ha producido algunas de las sentencias más disruptivas y fascinantes de la última década, forzando a los tribunales de derecho continental y common law a reevaluar urgentemente los requisitos formales de la firma electrónica, el consentimiento informado y la aceptación.

4.1. La Formación del Contrato y el Histórico Caso de South West Terminal

La doctrina contractual del consensus ad idem (el encuentro de las mentes) exige ineludiblemente una oferta clara y una aceptación inequívoca que no deje margen a dudas sobre la voluntad de obligarse. El hito jurisprudencial contemporáneo indiscutible en esta materia es la resolución de la Corte del Rey (Court of King’s Bench) de la provincia de Saskatchewan, Canadá, en el sonado caso South West Terminal Ltd. v. Achter Land & Cattle Ltd. (2023).¹⁰

Los hechos del caso exponen la colisión entre el comercio tradicional y la comunicación instantánea moderna. Un comprador de grano, representante de South West Terminal, envió masivamente un mensaje de texto publicitario a varios clientes en marzo de 2021, indicando que la empresa buscaba comprar 86 toneladas de lino a un precio de 17 dólares canadienses (aproximadamente 12.73 dólares estadounidenses) por bushel.²⁴ Posteriormente, el comprador sostuvo una breve conversación telefónica con el agricultor Chris Achter, tras lo cual le envió por mensaje de texto una fotografía de un contrato formal impreso con los términos discutidos para la entrega del lino en noviembre. El mensaje iba acompañado del texto explícito: «por favor, confirme el contrato de lino».²⁴ El agricultor demandado respondió al mensaje únicamente con un emoji de pulgar hacia arriba (👍).²⁴

Llegado el mes de noviembre, Achter no entregó las 86 toneladas de lino. Para ese momento, los precios internacionales de la cosecha habían experimentado un fuerte incremento, haciendo el contrato altamente perjudicial para el agricultor. Ante el incumplimiento, la empresa compradora interpuso una demanda por daños y perjuicios. La disputa hermenéutica central radicaba en el significado del pictograma. En una declaración jurada, el agricultor negó rotundamente haber aceptado el emoji como una firma digital del contrato incompleto, argumentando que no había tenido tiempo de revisar los términos comerciales y que el pulgar hacia arriba meramente indicaba un acuse de recibo del mensaje de texto, no un consentimiento legal para obligarse.²⁴

El juez T.J. Keene aplicó magistralmente la teoría objetiva de los contratos y analizó el «curso de los negocios» (course of dealing) previo entre las partes. La prueba documental demostró que históricamente, el agricultor había aceptado múltiples contratos comerciales respondiendo a las fotografías de los documentos con términos informales afirmativos como «ok», «yep» o «looks good» (se ve bien).²⁶ El tribunal concluyó que, situándose en la posición de un observador o transeúnte razonable provisto de todos los antecedentes, el emoji del pulgar hacia arriba cumplía exactamente la misma función afirmativa que las respuestas previas, consolidando un consensus ad idem indiscutible.²⁶

Aún más revolucionario fue el dictamen dogmático del juez al determinar que el emoji satisfacía el riguroso requisito legal de la firma exigido por la Ley contra Fraudes (Statute of Frauds). El tribunal sentenció que, si bien resultaba poco convencional, el pictograma digital insertado desde una cuenta telefónica conocida cumplía los propósitos gemelos de una firma tradicional: identificar sin lugar a dudas al signatario y transmitir la confirmación incondicional del contenido del documento. El agricultor canadiense fue condenado a pagar más de 82.000 dólares canadienses (61.442 dólares estadounidenses) en daños por el contrato no cumplido, estableciendo un precedente que resonó en la prensa jurídica internacional.²⁴ El juez reconoció que los tribunales no pueden frenar la marea tecnológica y deben adaptarse a esta «nueva realidad» de la sociedad.²¹

4.2. Límites de Formalidad Inmobiliaria y Culpa Precontractual (Culpa in Contrahendo)

La audacia hermenéutica y la flexibilidad probatoria mostradas por la judicatura en Saskatchewan encuentran, no obstante, límites infranqueables en otras jurisdicciones y en ramas del derecho sujetas a formalidades sustantivas o registros públicos. En la provincia de la costa pacífica, la Corte Suprema de Columbia Británica dictaminó en un caso reciente que un emoji de pulgar hacia arriba no poseía la fuerza vinculante para crear un contrato ejecutorio en una transacción de bienes raíces.²⁷ El tribunal razonó que, cuando se trata de contratos solemnes para la venta de tierras, la legislación exige imperativamente alguna inscripción formal, ya sea manual o electrónica validada, que refleje fehacientemente la identidad de la parte obligada.²⁷ Aunque los contratos no requieren firma ológrafa tradicional, la corte determinó que el uso de un emoji en esta instancia estaba «demasiado desconectado» de la instrumentalidad del documento contractual en sí, por lo que falló que no existía acuerdo perfeccionado entre las partes.²⁷

El impacto de los emojis se extiende más allá del perfeccionamiento del contrato, adentrándose en el espinoso terreno de la responsabilidad precontractual, la buena fe en las negociaciones preliminares y la doctrina de los actos propios (estoppel/reliance). Un fallo ilustrativo emanó del sistema judicial de Israel en 2017, en el litigio civil Dahan v. Shabi.²⁸ Un arrendador que buscaba alquilar su propiedad fue contactado por unos posibles inquilinos que enviaron una ráfaga de mensajes demostrando un enorme entusiasmo y voluntad de cerrar el trato. El mensaje de texto crucial estaba saturado de íconos pictográficos, incluyendo una cara sonriente, un cometa, una botella de champán descorchada y figuras bailando festivamente.²⁸

Confiando ciegamente en este derroche de optimismo digital y asumiendo que el trato estaba virtualmente cerrado, el arrendador retiró de buena fe el anuncio del mercado inmobiliario, cesando de buscar otros interesados. Sin embargo, días después, los potenciales inquilinos cesaron abruptamente las comunicaciones, abandonaron las negociaciones sin justificación válida y desaparecieron.²⁸ El arrendador interpuso una demanda por daños. El tribunal israelí, en una sentencia de profundo calado doctrinario, condenó a los inquilinos a indemnizar al propietario por los daños precontractuales derivados del lucro cesante y la pérdida de oportunidad. El juez sentenció que la acumulación deliberada de emojis festivos y de celebración generó en la contraparte una expectativa objetivamente razonable y un alto nivel de confianza comercial (reliance). Esta conducta constituía una manifestación de intención lo suficientemente fuerte como para vincular precontractualmente a las partes, concluyendo que la ruptura abrupta vulneraba flagrantemente el principio rector de la buena fe en las negociaciones comerciales.²⁸

En la jurisdicción sudamericana, el sistema judicial de Colombia ha llevado la pragmática digital aún más lejos en el ámbito procesal y ejecutivo. Basándose en las consideraciones del Código General del Proceso (artículo 422), tribunales superiores han fallado que un intercambio de mensajes de datos, incluso aquellos que incluyan emojis como el pulgar hacia arriba, puede constituir un título ejecutivo complejo.³⁰ Si los mensajes de WhatsApp demuestran fehacientemente la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, evidenciando quién es el acreedor, quién es el deudor y la naturaleza de la prestación, los jueces colombianos están librando mandamientos de pago basados enteramente en la virtualidad, adelantándose incluso a la jurisprudencia canadiense en el reconocimiento de la eficacia ejecutiva directa de las conversaciones en aplicaciones de mensajería.³⁰

5. Derecho Laboral, Relaciones de Trabajo y Derechos Fundamentales

El entorno del derecho laboral, caracterizado ontológicamente por la relación asimétrica de poder, la subordinación y la necesidad de una comunicación asidua entre empleador y trabajador, ha sido sacudido y reconfigurado por la adopción universal de plataformas de mensajería instantánea. WhatsApp se ha metamorfoseado desde una herramienta de ocio hasta convertirse en el canal primordial para impartir órdenes jerárquicas, tramitar licencias, gestionar el presentismo y, de manera jurídicamente controvertida, notificar sanciones disciplinarias y ejecutar despidos.³¹

5.1. La Legalización del Despido Digital y el Debate Ético

En la República Federativa de Brasil, la jurisdicción laboral ha enfrentado un tsunami de litigios derivados del cese de contratos a través del teléfono móvil. Investigaciones estadísticas revelan que, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, más de 103.000 procesos judiciales en el país contenían la combinación de las palabras «demisión» y «WhatsApp», subrayando la magnitud epidémica del fenómeno.³³ El Tribunal Regional del Trabajo de la 2ª Región (TRT-2), cuya vasta jurisdicción abarca la megalópolis de São Paulo y decenas de ciudades aledañas, ha consolidado una jurisprudencia que valida de forma contundente las comunicaciones extintivas de la relación laboral a través de aplicaciones de mensajería, considerando audios, textos y emojis como material probatorio adecuado.³²

En un caso emblemático resuelto por la 18ª Turma del TRT-2, una educadora solicitó la rescisión indirecta del contrato (equiparable a un autodespido por falta grave patronal), alegando, entre otros motivos, que la empresa le había notificado la suspensión o rescisión de su contrato de manera informal e indigna a través de WhatsApp.³² La jueza interviniente desestimó el agravio de la trabajadora, fallando que la demisión notificada por el aplicativo era jurídicamente válida y eficaz. La sentencia fundamentó su razonamiento en la «usualidad y confiabilidad» del sistema, estableciendo que WhatsApp ya es un medio probatorio ampliamente consagrado y aceptado en la Justicia del Trabajo brasileña para vehiculizar decisiones gerenciales.³²

Esta asimilación legal choca frontalmente con la dogmática de los derechos humanos laborales. Líderes de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil y teóricos del derecho argumentan que el uso de medios digitales fríos y abreviados para notificar el fin del sustento económico viola los preceptos básicos de dignidad y diálogo social promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque los sindicatos tildan esta mecanización del despido de «inmoral», generadora de profunda humillación y carente de respeto institucional, la judicatura persiste en sostener que, en ausencia de prohibición legal expresa, la práctica no constituye un acto «ilegal» ni un daño moral indemnizable per se.³³

En el Reino de España, las altas esferas de la judicatura han normalizado por completo la integración de los símbolos pictográficos en el núcleo de las sentencias, incluyéndolos en la fundamentación fáctica. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su Sentencia 8-11-18, sentó un precedente al incorporar con total normalidad en el relato de hechos probados la respuesta de un trabajador a una instrucción de sus superiores dictada por WhatsApp. La respuesta del empleado, consistente exclusivamente en un emoji de la figura de una mano con el dedo pulgar levantado, fue categorizada jurídicamente por la sala como un «signo visible de aprobación y conformidad», atribuyendo al símbolo un valor preclusivo absoluto respecto a la instrucción emanada.³¹

5.2. Los Emojis como Prueba de Injuria Laboral y Acoso

La valoración de un pictograma nunca opera en un vacío fáctico; su peso jurídico está inexorablemente determinado por el historial disciplinario del trabajador y el principio cardinal de buena fe laboral. La jurisprudencia argentina aporta un caso de estudio magistral resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro.³⁴ Los antecedentes revelaban a un trabajador conflictivo que arrastraba un nefasto historial disciplinario compuesto por 47 sanciones previas y numerosas faltas de asistencia injustificadas.³⁴ En el mes de su despido, y habiéndose ausentado ya durante nueve días, el empleado remitió un mensaje por WhatsApp a su supervisor solicitando permiso para ausentarse una vez más de sus obligaciones laborales. El supervisor, representante de la empresa, respondió al mensaje de forma lacónica insertando un emoji de pulgar hacia arriba (👍).³⁴ El trabajador, asumiendo la concesión del permiso, no acudió al trabajo. Consecuentemente, la empresa instrumentó el despido justificado argumentando abandono de tareas.

El trabajador interpuso una demanda por despido arbitrario y solicitó las indemnizaciones de ley, pivotando toda su estrategia legal en el argumento de que el emoji constituía una autorización expresa, indubitable y vinculante por parte del empleador para justificar su ausencia.³⁴ No obstante, el máximo tribunal provincial rechazó tajantemente la demanda. En un ejercicio de hermenéutica integradora, los jueces analizaron el contexto global y continuado de la relación sinalagmática y el grave historial de inconductas. La corte sentenció que, dada la exorbitante gravedad de los antecedentes, el patrón de ausentismo crónico y el clima de tensión operativa imperante, resultaba contrario a la lógica y a la buena fe que un simple ícono aislado pudiera interpretarse razonablemente como una dispensa formal y deliberada de la obligación de asistencia.³⁴ El fallo confirmó la validez del despido, consolidando la doctrina de que los emojis no ostentan un poder taumatúrgico para subsanar o borrar el incumplimiento contractual crónico, validando la justa causa por injuria laboral grave.³⁴

Adicionalmente, el derecho laboral internacional comienza a registrar un volumen alarmante de casos relacionados con acoso sexual ambiental y de hostigamiento a través de estas herramientas. En resoluciones analizadas en Chile y otros países latinoamericanos sobre violencia laboral (mobbing y acoso sexual), se identifica que el envío constante de emojis inapropiados (con evidentes connotaciones sexuales o románticas no deseadas) fuera del horario laboral por parte de superiores jerárquicos genera un entorno «intimidatorio, humillante u hostil» que configura el supuesto de acoso ambiental, obligando a las empresas a implementar protocolos internos estrictos (ESG) para monitorizar el uso de los chats corporativos, so pena de incurrir en responsabilidad civil vicaria.³⁵

6. Derecho Penal y Criminología: La Configuración del Dolo, Amenazas y Argot Criptográfico

El derecho penal constituye el foro donde la interpretación errónea o acertada de un emoji arrastra las consecuencias sociales más drásticas, determinando la privación de la libertad de un individuo, la imposición de antecedentes penales o la protección de víctimas vulnerables. La jurisprudencia penal internacional concentra sus esfuerzos en desentrañar cuándo un símbolo digital cruza el estrecho y difuso umbral que separa la libre expresión (incluso la grosera o hiperbólica) de la conducta delictiva tipificada, actuando como vector del iter criminis.

6.1. La Doctrina de las «Amenazas Verdaderas» (True Threats)

El debate doctrinario acerca de si un conjunto de píxeles en una pantalla puede configurar los elementos objetivos y subjetivos de una amenaza de muerte ha sido resuelto afirmativamente por cortes penales en todos los continentes.⁷ En Europa, un caso paradigmático sentenciado en Francia en 2016 marcó un punto de no retorno. Un joven, envuelto en una relación altamente volátil con su expareja, remitió un mensaje de texto que concluía secamente con el emoji de una pistola (🔫).²⁹ El tribunal penal francés procedió a un análisis minucioso del contexto de la ruptura y el impacto psicológico. Los magistrados determinaron inequívocamente que, dadas las circunstancias de asimetría y el hostigamiento previo, el pictograma constituía una «amenaza de muerte en forma de imagen» real y efectiva, capaz de infundir un temor genuino y fundamentado en la víctima de sufrir daños inminentes.²⁹ Rehusando tratar el símbolo como un juego adolescente, la corte condenó al acusado a seis meses de prisión efectiva y al pago de una multa de 1.000 euros.²⁹

Este enfoque punitivo y pragmático se repite de manera sistemática a nivel global. En Estados Unidos, el sistema judicial enfrenta constantemente acusaciones derivadas de secuencias pictográficas. En el caso People v. Cramer, el ministerio público imputó al acusado el delito de amenazas criminales dolosas tras someter a la víctima a una avalancha de mensajes de texto que incluían una secuencia perturbadora de emojis: bombas, pistolas, cuchillos, jeringas y cubiertos (cuchillo y tenedor).⁷ La corte de primera instancia, lejos de desestimar los iconos como arte abstracto, interpretó la secuencia en su totalidad estructural como una promesa articulada e inminente de daño corporal grave y letal contra la integridad física de la receptora.⁷ En el condado de Spartanburg, Carolina del Sur, unos agresores que previamente habían atacado físicamente a una víctima, le enviaron posteriormente un mensaje compuesto por la siguiente secuencia: un puño cerrado (✊), seguido de un dedo índice apuntando (👉) y, finalmente, una ambulancia (🚑).³⁸ La policía procedió al arresto inmediato por el delito de acecho (stalking). Los tribunales validaron la actuación policial, traduciendo literalmente el jeroglífico de la amenaza: el mensaje prometía que la víctima sería brutalmente golpeada (puño) lo que provocaría (dedo apuntando) su ineludible hospitalización de emergencia (ambulancia).³⁸

La severidad de estas condenas se extiende a Oceanía. En Nueva Zelanda, un magistrado impuso una condena de ocho meses de encarcelamiento a un individuo por el delito continuado de acoso (stalking) en perjuicio de su expareja. La pieza probatoria fundamental fue un mensaje de Facebook donde el victimario sentenció: «Vas a tener tu merecido», adjuntando un emoji de un avión (✈️).³⁸ El juez concluyó indubitablemente que la combinación de la frase amenazante con el pictograma de la aeronave transmitía la escalofriante promesa de que el agresor estaba en tránsito, volando hacia la ubicación geográfica de la víctima para ejecutar actos violentos físicos.³⁸

En España, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares dictó una sentencia condenatoria (27 de junio de 2018) por delito de amenazas continuadas en el ámbito de la violencia de género. El acusado se dedicó a publicar en sus estados públicos de WhatsApp consignas dirigidas inequívocamente a su exmujer, incluyendo textos macabros como «hasta que la muerte os separe eso dijo el cura» coronado con el emoji de una calavera (☠), «Pronto iré a por ti como te dije» acompañado de múltiples caras de ogros (👹👹), y la frase «Ya te cogeré h.p» flanqueada por un puñal y un ataúd (🗡 ⚰).³ En un análisis jurídico impecable, el tribunal de alzada determinó que la letal amalgama del texto con los emojis de iconografía fúnebre y armas eliminaba cualquier resquicio de duda sobre la presunta ambigüedad del mensaje. Los magistrados concluyeron que no se trataba de «meros estados anímicos» o desahogos catárticos de una ruptura emocional, sino que albergaban la intención dolo-específica, premeditada y directa de atemorizar y paralizar psicológicamente a la denunciante.³

En Estados Unidos, la Corte Suprema de la Nación tuvo que pronunciarse sobre los límites constitucionales de la libertad de expresión frente a estas nuevas formas delictivas en el histórico caso Elonis v. United States.²⁰ El acusado, Anthony Elonis, había publicado letras de rap y mensajes perturbadores en Facebook detallando fantasías sobre asesinar a su exesposa, atentar contra escuelas y mutilar agentes del FBI. Elonis argumentó en su defensa que el uso deliberado de emoticonos de burla o caras sacando la lengua en varios de los mensajes constituía una prueba irrefutable de que las publicaciones eran meros ejercicios artísticos de hip-hop underground, sátira gruesa o catarsis emocional, estando por tanto sujetos a «malentendidos» y careciendo del mens rea (la intención criminal subjetiva) necesario para configurar un delito federal de amenazas.²⁰ A modo de ejemplo, el acusado publicó que su hijo pequeño debería disfrazarse de «matricidio» en Halloween. Aunque la Corte Suprema revocó la condena inicial de Elonis basándose en un error técnico en las instrucciones impartidas al jurado respecto a la negligencia frente a la intención subjetiva, el caso cimentó la imperiosa necesidad de los tribunales de analizar los emoticonos no como meros adornos, sino como factores hermenéuticos críticos que modulan, exacerban o neutralizan la intención delictiva subyacente de un texto legal.²⁰

6.2. El Argot Digital Criptográfico: Narcotráfico e Indemnidad Sexual Infantil

La inmensa plasticidad polisémica de los emojis permite su rapidísima adopción evolutiva como códigos criptográficos, jergas o argot (slang) por parte de organizaciones criminales y depredadores que buscan evadir la detección de los algoritmos policiales y los filtros de las redes sociales.

En la lucha contra el narcotráfico, el caso federal estadounidense U.S. v. Reed (diciembre de 2025) representa un avance monumental en la validación probatoria de la experiencia policial frente a dialectos digitales cerrados.¹⁰ Un tribunal de apelaciones analizó la validez de una orden de registro (search warrant) y una escucha telefónica basada en la declaración jurada (affidavit) de James Budde, un agente especializado de la DEA. El agente interceptó un mensaje de Facebook de un sospechoso apellidado Swanagan dirigido a un comprador, que rezaba: «pasa por aquí, necesito un poco de [emoji de gotas de agua] además te tengo en una propina».¹⁰ Basado en su experiencia de campo, el oficial Budde interpretó que el emoji de «gotas de agua» o sudor (💦) funcionaba como un código del argot criminal para referirse a la metanfetamina de cristal.¹⁰

Swanagan apeló ferozmente su posterior condena a 30 años de prisión (360 meses), argumentando que el oficial había mentido de forma temeraria al juez de instrucción, aportando pruebas de diccionarios urbanos de internet que demostraban que el emoji de gotas de agua se utiliza universalmente como jerga para la eyaculación masculina o las relaciones sexuales, no para drogas duras.¹⁰ Sin embargo, la Corte de Apelaciones ratificó la legalidad del allanamiento. El tribunal dictaminó que la existencia de un significado alternativo (el sexual) meramente presentaba una «posible ambigüedad», lo cual no equivale a una falsedad intencional de la policía. Más importante aún, la corte reconoció legalmente la teoría de que, aunque un emoji no sea entendido ampliamente por el público general como sinónimo de una droga, es jurídicamente válido aceptar ese significado criminal si los socios involucrados en la comunicación han desarrollado un código idiosincrásico o específico entre ellos.¹⁰ El rápido dinamismo mutante del argot de las drogas valida la pericia policial sobre los diccionarios genéricos.¹⁰

En el sumamente delicado ámbito de la protección a la indemnidad sexual y los delitos de pedofilia, los tribunales se enfrentan regularmente al uso de emojis en los procesos de «grooming» (embaucamiento y captación) de menores de edad a través de internet.⁸ En State v. Farley (2024), la Corte Suprema del Estado de Maine ratificó firmemente la condena penal de Corey Farley por abuso sexual de un menor, fundamentando la tipicidad del delito en el análisis de una oscura conversación digital.¹⁰ La evidencia clave expuso un intercambio nocturno donde el depredador Farley enviaba mensajes insinuantes: «10:30 buen chico, 11 chico malo».¹⁰ El menor víctima respondió negativamente añadiendo una secuencia de tres emojis, destacando el emoji de una mano pellizcando o señalando tamaño pequeño y el emoji de una berenjena (🍆).¹⁰

Durante el juicio, tanto el menor como el detective investigador testificaron unánimemente que el emoji de la berenjena funcionaba como un sustituto anatómico explícito para un pene.¹⁰ El fiscal del ministerio público estructuró magistralmente su alegato de clausura sobre esta evidencia visual: argumentó que el hecho de que el menor utilizara el emoji de gesto «pequeño» seguido de la «berenjena» constituía una prueba irrefutable de que la víctima había sido obligada previamente a observar los genitales del acusado, ya que de otro modo un niño no poseería la información necesaria para formular una burla anatómica específica sobre su tamaño.¹⁰ La Corte Suprema de Maine desestimó el recurso de apelación de Farley, dictaminando que las inferencias construidas por la fiscalía basándose exclusivamente en el significado atribuido al emoji eran jurídicamente impecables y estaban fundamentadas en la evidencia gráfica peritada, sosteniendo así la condena por delitos sexuales.¹⁰

De manera similar, en asuntos de terrorismo o sedición política, como se observó en los juicios derivados del asalto al Capitolio de los Estados Unidos (6 de enero), los acusados han intentado utilizar la usencia de emojis como defensa. En United States v. Ballenger (2023), el acusado intentó convencer al juez de que sus mensajes de texto jactándose de haber «tomado el Capitolio por asalto» no eran confesiones genuinas, sino expresiones empapadas de sarcasmo político.¹⁰ Su defensa técnica argumentó que la falta deliberada de emojis risueños en esos mensajes específicos demostraba que no hablaba en serio. El tribunal federal rechazó de plano este rebuscado subterfugio analítico, sentenciando que no existía evidencia creíble que sustentara tal afirmación de sarcasmo, evaluando el contexto conspirativo global que probaba el dolo directo de irrumpir en las instalaciones gubernamentales.¹⁰

6.3. Difamación y Derechos Civiles

Más allá de la violencia física, los pictogramas tienen la capacidad de infligir daño reputacional severo, activando reclamaciones por difamación y vulneración del derecho al honor. El sonado caso británico protagonizado por Lord McAlpine y Sally Bercow ilustra esta dinámica a la perfección.⁴⁰ Durante un escándalo político y mediático de altas proporciones, Bercow publicó en la red social Twitter (hoy X) la pregunta retórica: «¿Por qué es tendencia Lord McAlpine?», coronando el texto con el emoji de un «rostro inocente» con aureola (😇).⁴⁰ Lord McAlpine, sintiéndose falsamente vinculado a los crímenes discutidos en la red, interpuso una demanda por difamación.

Bercow intentó escudarse en el símbolo arguyendo que su tweet era genuinamente una pregunta inocente y sin malicia.⁴⁰ Sin embargo, la Alta Corte de Justicia británica no se dejó engañar por la aparente ingenuidad del pictograma. El tribunal falló que Bercow insertó el emoji con una intención profundamente irónica y ponzoñosa, buscando proyectar una falsa fachada de inocencia mientras, en realidad, azuzaba a sus seguidores a vincular maliciosamente al político con el escándalo.⁴⁰ Como resultado de esta hermenéutica judicial que desnudó el sarcasmo oculto en la aureola del emoji, Bercow fue obligada a admitir su culpa civil y a pactar un acuerdo indemnizatorio de 20.000 dólares a favor del ofendido.⁴⁰

En disputas civiles vinculadas al entorno laboral, las connotaciones ideológicas de ciertas imágenes también han sido objeto de intenso escrutinio. En un juicio de derechos civiles en Estados Unidos derivado de un presunto entorno laboral hostil y represalias amparadas por la Primera Enmienda, los demandantes presentaron como prueba clave un intercambio de correos electrónicos internos entre colegas donde se utilizaba un «emoji de Hitler».⁴¹ Los demandantes argumentaron que la simple tolerancia de tal iconografía nazi demostraba un animus discriminatorio patente en la empresa. El juez, aunque reconoció que «cualquier imagen que evoque a Hitler obviamente puede ser inmensamente ofensiva», desestimó el peso probatorio del símbolo para sustentar el reclamo legal principal, razonando que el emoji estaba contenido en un correo interno privado entre dos colegas específicos y, dadas las circunstancias particulares de su empleo satírico, no configuraba en sí mismo el estándar jurídico requerido para demostrar una conspiración sistemática de represalias institucionales.⁴¹

7. Derecho de Familia, Sucesiones y la Prevención de la Violencia Simbólica

El derecho civil de las personas y la familia, disciplinas tradicionalmente blindadas por rígidos solemnismos, han sufrido un profundo embate debido a la digitalización del comportamiento humano.

7.1. La Flexibilización del Testamento y el Error Inofensivo

La irrupción de la tecnología móvil ha erosionado progresivamente el formalismo extremo que durante siglos gobernó el derecho de sucesiones. Los testamentos y actos de última voluntad, tradicionalmente sometidos a requisitos draconianos de validez ad solemnitatem (firma hológrafa de puño y letra, presencia física ininterrumpida de múltiples testigos idóneos, sellos notariales y protocolos escritos), están siendo reinterpretados audazmente a través de estatutos modernos de «error inofensivo» (harmless error) o mediante la aplicación de facultades judiciales de dispensa de formalidades.⁴²

El precedente más extremo, controvertido y globalmente representativo sobre este particular es la resolución judicial dictada en el caso Re Nichol; Nichol v Nichol & Anor (2017) por la Corte Suprema del Estado de Queensland, en Australia.²⁹ La tragedia que originó el caso involucró el suicidio de un hombre en su cobertizo de trabajo. Tras su fallecimiento, allegados descubrieron su teléfono móvil, logrando acceder a la memoria interna. En la carpeta de borradores de la aplicación de mensajería (SMS), localizaron un mensaje de texto que nunca había sido enviado a la red celular.²⁹ En el contenido de este borrador, el fallecido estipulaba explícitamente que deseaba transferir el control absoluto de sus propiedades, bienes y cuentas bancarias a su hermano y sobrino, añadiendo de forma taxativa instrucciones para que su esposa quedara completamente desheredada y no recibiera porcentaje alguno de la herencia.⁴² El documento digital concluía de manera escalofriante y definitiva con las palabras «Mi testamento» (My will), seguidas inmediatamente por el emoji de una cara sonriente (😊).²⁹

A pesar de la falta absoluta y clamorosa de cualquiera de las formalidades convencionales exigidas por la ley de sucesiones tradicional, la Corte Suprema de Queensland admitió el borrador digital en el proceso de sucesión (probate), declarándolo un testamento válido, vinculante y plenamente ejecutorio.²⁹ En su extensa fundamentación jurídica, la corte argumentó que la naturaleza profundamente íntima del dispositivo móvil personal, la estructura clara y dispositiva del contenido testamentario, la redacción finalizada indicando animus testandi («Mi testamento») y, de manera crucial, la inserción del emoji de cara sonriente como elemento de clausura emocional, probaban fehacientemente la capacidad mental, la lucidez y la inquebrantable intención testamentaria del causante en sus últimos instantes de vida.²⁹ En un giro argumentativo fascinante, el magistrado consideró que el hecho de que el mensaje de texto no hubiera sido enviado a ningún destinatario, lejos de invalidarlo, corroboraba sólidamente que no se trataba de una simple comunicación impulsiva en busca de diálogo, sino de la creación deliberada de un registro permanente de voluntad final, un documento silente destinado expresamente a ser descubierto de forma póstuma.⁴²

7.2. Violencia de Género, Visitas Virtuales y Ciberacoso Familiar

En el ámbito tenso y volátil del derecho de familia, la digitalización masiva de las comunicaciones interpersonales expone nuevas arquitecturas de violencia psicológica que son escrutadas minuciosamente por la judicatura moderna, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Las plataformas digitales, y el uso estratégico de emojis dentro de ellas, operan como vectores de acoso continuado y coerción.

En la República Argentina, la jurisprudencia de los tribunales especializados ha avanzado pioneramente en la identificación y categorización de la «violencia simbólica» incrustada dentro de los procesos de alimentos, divorcio contencioso y disputas por la custodia compartida.⁴⁵ En el resonante fallo de primera instancia R., T. F. c/ B., L. A. s/ Alimentos (junio de 2022), la magistrada interviniente en el Tribunal de Familia dio un paso drástico para disciplinar a los litigantes. En virtud del mandato constitucional y convencional de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la jueza exhortó formalmente al demandado (el progenitor) y a su propia abogada patrocinante a cesar inmediatamente en la utilización de términos estereotipados, despectivos y comentarios injuriosos en sus presentaciones y escritos judiciales dirigidos contra la madre del niño.⁴⁵

La sentencia determinó que el uso de lenguajes peyorativos, así como cualquier iconografía que menosprecie el rol femenino, en formatos físicos o digitales dentro del marco de la justicia familiar, constituye un acto flagrante de violencia simbólica. Estos actos representan un mensaje de injuria, difamación constante, deshonra y humillación que atenta directamente contra la dignidad inalienable de la mujer, vulnerando obligaciones del Estado estipuladas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y el tratado CEDAW.⁴⁵

De manera complementaria e imperativa, en los procesos de custodia y protección infantil donde se diagnostican antecedentes probados de violencia doméstica, los tribunales de varios países, como Estados Unidos (California), han instituido esquemas de «visitas virtuales» a través de herramientas como Zoom, FaceTime o WhatsApp para proteger la integridad física de los menores.⁴⁶ No obstante, este paraguas tecnológico requiere una vigilancia extrema: el control judicial coercitivo se extiende lógicamente al análisis riguroso de los mensajes de texto y secuencias de emojis que el progenitor restringido intercambia con el menor durante la semana.⁴⁶ La jurisprudencia familiar avala que la remisión de un solo emoji con connotaciones abusivas, atemorizantes o inapropiadas, dirigido a manipular la psique del niño, otorga justificación legal inmediata para la suspensión cautelar o revocación permanente del régimen de visitas virtuales supervisadas, blindando el interés superior del niño.⁴⁶

8. Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y Manipulación de Mercados

El choque constante entre la propagación libre de los emojis en la cultura popular y el voraz apetito del derecho comercial plantea agudos interrogantes sobre la privatización del lenguaje, los abusos monopólicos y la capacidad de símbolos infantiles para propiciar crisis en los mercados financieros internacionales.

8.1. Registrabilidad de Marcas y el Trademak Trolling (Esquema SAD)

A medida que los emojis asumen velozmente funciones comunicativas análogas a las de las palabras habladas y escritas, se desatan virulentas disputas corporativas sobre su potencial apropiación y explotación comercial exclusiva. La regla general y el instinto protector imperante en las oficinas de registro gubernamentales alrededor del mundo consiste en aplicar una extrema precaución, guiada por el principio de política pública de no gravar ni obstaculizar indebidamente la comunicación pública diaria, evitando otorgar monopolios sobre elementos esenciales del lenguaje.¹⁹

Un ejemplo arquetípico de esta resistencia institucional se materializó en la decisión dictada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en julio de 2023, la cual denegó de forma concluyente un intento de registro como marca del popular emoji «Te quiero» basado en el lenguaje de señas americano (🤟).¹⁰ La empresa solicitante pretendía monopolizar el símbolo para identificar servicios comerciales de diversas clases relacionadas con bienes raíces y negocios inmobiliarios. Para evadir la nulidad por genericidad, el solicitante argumentó falazmente que su diseño presentaba la mano izquierda, mientras que el emoji oficial del Lenguaje de Señas Americano (ASL) tradicionalmente utiliza la mano derecha, buscando así reclamar carácter distintivo u originalidad visual.¹⁰

La Sala de Recursos de la EUIPO rechazó este argumento sin ambages. Apoyándose en investigaciones documentales que demostraban la existencia de variantes zurdas del símbolo flotando en la red, el tribunal europeo emitió un dictamen que conceptualiza a los emojis desde la óptica del derecho marcario continental: estableció formalmente que los emojis funcionan sociológicamente como un «lenguaje paralelo» vital para transmitir matices emocionales.¹⁰ Dado que la sociedad consume estos pictogramas primariamente como mensajes de publicidad generalizada, decoraciones atractivas o declaraciones de laudatoria universalmente positivas, carecen intrínsecamente de la capacidad técnica o el carácter distintivo necesario para fungir como indicadores de origen empresarial (source-identifiers).¹⁰ Por ende, el consumidor que ve el símbolo 🤟 en un folleto inmobiliario asume una intención amable, pero jamás deducirá el origen comercial o corporativo del servicio, frustrando la finalidad última de la Ley de Marcas.

A pesar de las salvaguardas europeas, en Estados Unidos, bufetes de abogados y empresas denominadas «trolls de patentes y marcas» han logrado encontrar fisuras en el sistema, registrando vocablos como la propia palabra «emoji» para dominar una vasta gama de productos físicos. La corporación Emojico (Emoji Company) ha sido célebre por instrumentalizar tácticas agresivas de litigio masivo y extorsión legal conocidas en la doctrina como el «SAD Scheme» (Schedule A Defendants).¹⁰ Bajo este oscuro esquema procesal, un solo demandante interpone una demanda opaca contra docenas o cientos de vendedores en línea extranjeros simultáneamente (ej., comerciantes de Amazon), obteniendo órdenes de restricción temporal ex parte (sin audiencia previa de la contraparte) dictadas por jueces desinformados. Estas órdenes draconianas congelan los fondos de PayPal o las cuentas bancarias de los pequeños comerciantes antes de que puedan articular una defensa, forzándolos a pactar acuerdos económicos para evitar la bancarrota inminente.¹⁰

No obstante, en un fallo liberador de octubre de 2023 (Emojico v. Schedule A Defendants), la justicia estadounidense comenzó a desmantelar esta maquinaria de extorsión. El tribunal federal rechazó enfáticamente la orden de restricción preliminar solicitada por Emojico contra una pequeña comerciante (Winlyn) que simplemente había utilizado la palabra «emoji» en el medio del título de un producto de 26 palabras para describir «pegatinas en forma de corazón y estilo emoji para el día de San Valentín».¹⁰ Ante la presentación de una defensa adversaria informada, el juez fulminó el intento de monopolio, fallando que la utilización del término constituía un clásico «Fair Use» (uso justo descriptivo permitido por la ley). El tribunal dictaminó, con base en el análisis del comportamiento algorítmico, que los consumidores teclean la palabra «emoji» en los motores de búsqueda porque es el vocablo genérico y necesario para describir un estilo iconográfico particular, no porque deseen adquirir mercancía manufacturada exclusivamente por Emoji Company.¹⁰ Este precedente comienza a erigir un muro de contención jurisprudencial contra el «trademark trolling» que busca parasitar el léxico digital colectivo.¹⁰

Por otro lado, ramas del derecho como los derechos de autor protegen vigorosamente las colecciones de emojis de dominio privado o cerrado. Innovaciones como los «Animojis» tridimensionales y de realidad aumentada de Apple (que rastrean y mapean las contracciones musculares faciales del usuario en tiempo real), colecciones estacionales vinculadas a franquicias deportivas como la NFL, o los «Kimojis» monetizados por celebridades mediáticas como Kim Kardashian, gozan de robusta protección intelectual.⁴ En estos supuestos, el derecho no protege el concepto lingüístico en abstracto, sino que blinda el código fuente específico y la expresión gráfica finamente articulada del diseño.⁴

8.2. El Fraude de Valores y la Volatilidad de las «Meme Stocks»

La capacidad de los emojis para manipular las emociones se ha extrapolado de las conversaciones personales al despiadado ecosistema de los mercados de valores, desencadenando intervenciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y litigios colectivos por sumas astronómicas. En la subcultura hiperactiva de los inversores minoristas (retail investors), foros de Reddit y plataformas sociales, se ha forjado un dialecto compuesto por íconos de cohetes espaciales (🚀), bolsas de dinero (💰), gráficos bursátiles ascendentes (📈) y, sobre todo, lunas llenas.

En el paradigmático y disruptivo caso In re Bed Bath & Beyond Corp. Securities Litigation (julio de 2023), una corte federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos asestó un golpe tectónico a la noción de que los emojis son inofensivos, dictaminando que la publicación de un único emoji insertado en la plataforma X (anteriormente Twitter) por un inversionista magnate configuraba una base fáctica suficientemente plausible para admitir una demanda colectiva por la comisión de un fraude masivo de valores bursátiles.⁵ El demandado, Ryan Cohen (fundador de la corporación Chewy.com y figura de culto entre los operadores de meme stocks), adquirió secretamente una posición masiva del 9% en la minorista al borde de la quiebra Bed Bath & Beyond.¹⁰ Posteriormente, en respuesta a un artículo de prensa negativo sobre la compañía, Cohen publicó un tuit con un simple emoji de una cara de luna llena sonriente (🌕). El enjambre de pequeños inversores interpretó el mensaje como una señal inequívoca de fortaleza y compró la acción masivamente, disparando artificialmente su cotización. Tras la escalada irracional de precios, Cohen liquidó velozmente toda su posición en el mercado, embolsándose una astronómica ganancia neta superior a los 68 millones de dólares, tras lo cual la acción se desplomó brutalmente arruinando a miles de inversores.¹⁰

Los accionistas defraudados interpusieron una querella alegando manipulación de mercado y fraude de valores estipulado en las leyes federales de intercambio (Securities Exchange Act). El equipo legal de Cohen basó toda su defensa en una premisa reduccionista: argumentaron vehementemente que los emojis son meros «dibujos animados lunares diminutos sin significado definido», símbolos intrínsecamente ambiguos que jamás podrían cumplir con el estricto rigor exigido para constituir una tergiversación fraudulenta objetiva frente a las autoridades financieras.¹⁰

El tribunal federal aniquiló esta defensa blanket, sentando un precedente fundacional para el derecho corporativo moderno. El juez explicó que los emojis operan semiótica y jurídicamente de manera exacta a las palabras humanas: obtienen toda su claridad, letalidad y capacidad de engaño del contexto sociológico de la comunidad que los emplea.¹⁰ En la arraigada subcultura de las «meme stocks», el emoji de la luna está entrelazado dogmáticamente a la frase «to the moon» (hacia la luna), un mandato o profecía que indica la expectativa cierta e inminente de una subida exponencial en el precio de la acción.¹⁰ Al lanzar este mensaje críptico mientras la empresa enfrentaba serias turbulencias, la corte consideró que el tuit operaba como un «grito de guerra encubierto» para incitar a los inversores a comprar. Más aún, debido al estatus de Cohen, la corte determinó que su publicación excedía el umbral de la mera exageración comercial tolerada (el llamado puffery inofensivo) y constituía plausíblemente una «tergiversación material» (material misrepresentation) emanada de un experto con acceso asimétrico a información privilegiada (insider direction).¹⁰ Este precedente histórico establece, de forma inapelable, que los símbolos digitales poseen la misma fuerza vinculante e incurren en las mismas responsabilidades fiduciarias, civiles y penales que los solemnes comunicados de prensa financieros sellados por la junta directiva corporativa.¹⁰

9. Derecho Constitucional, Moderación de Contenidos y Derechos Fundamentales de las Redes

A medida que las plataformas digitales monopolizan la plaza pública mundial, la evolución jurisprudencial ha trasladado irremediablemente el debate sobre la validez de las imágenes y discursos, desde las atiborradas cortes civiles y penales ordinarias hacia las salas de los más altos tribunales constitucionales. El choque de trenes se produce entre el poder cuasi-soberano de las mega corporaciones tecnológicas para censurar y suprimir discursos, imágenes y emojis mediante algoritmos automatizados de moderación, frente a los derechos inalienables de los ciudadanos.

9.1. La Sentencia Estructural T-256 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia

Un hito sísmico en la regulación global del ciberespacio, que marca un antes y un después en la dogmática constitucional latinoamericana, es la prolija Sentencia de tutela T-256 de 2025 emitida por el máximo tribunal constitucional de la República de Colombia.⁴⁸ La complejidad de este expediente enfrentó los intereses vitales de la reconocida modelo, empresaria y creadora de contenido para adultos colombiana, Esperanza Gómez Silva, contra el mastodonte tecnológico Meta Platforms, Inc. (empresa matriz global de Facebook, Instagram y WhatsApp).⁵⁴ El núcleo de la disputa estalló cuando la influyente cuenta de Instagram de Gómez (@esperanzagomez), que aglomeraba la vertiginosa cifra de más de 5,4 millones de seguidores y constituía la principal herramienta de tracción económica y publicitaria de su empresa, fue bloqueada y desactivada unilateralmente por los ingenieros de Meta en mayo de 2021.⁴⁹

La transnacional estadounidense alegó genéricamente que, entre marzo y mayo de ese año, al menos 17 publicaciones de la modelo infringían de forma reiterada sus opacas normas comunitarias al presuntamente ofrecer «servicios sexuales para adultos» comerciales.⁵⁴ En su defensa vehemente mediante acción de tutela, Gómez aportó pruebas demostrando que jamás había promovido en la plataforma la venta de actos sexuales, la trata ni actos ilegales; sus posteos consistían esencialmente en sugerentes fotografías modelando lencería, material idéntico en grado de exposición erótica al publicado impunemente por cientos de celebridades, músicos y otros «influencers» cuyas cuentas jamás sufrían la ira del algoritmo censor.⁵⁴

La Corte Constitucional de Colombia, asumiendo su rol como guardiana de la Constitución material, profirió un fallo estructural que desmorona los feudos privados corporativos y redefine radicalmente los límites del poder corporativo en internet. En primer lugar, la Corte atacó y resolvió afirmativamente el complejo dilema de la soberanía y la jurisdicción extraterritorial en la era de internet. Meta Platforms intentó eludir la justicia alegando no operar físicamente en el país, pero el alto tribunal dictaminó categóricamente que la justicia constitucional colombiana ostenta jurisdicción y plena competencia jurídica para enjuiciar y ordenar a corporaciones transnacionales domiciliadas en Estados Unidos o Europa, siempre y cuando sus algoritmos, actos o políticas de censura en el ciberespacio generen «efectos jurídicos relevantes y tangibles» dentro del territorio nacional.⁴⁹ Este test de efectos, que abarca la vulneración de los derechos fundamentales de ciudadanos usuarios o el tratamiento algorítmico de sus datos personales, disuelve la ficción de inmunidad territorial esgrimida por las grandes tecnológicas.

En el minucioso análisis sustantivo de fondo, los magistrados sentenciaron que la moderación de contenido en redes de alcance universal dejó de ser un feudo privado sujeto al capricho absoluto de términos y condiciones inescrutables. La supresión arbitraria de la cuenta no constituyó un simple problema de «servicio al cliente», sino que perpetró una conculcación simultánea y grave de derechos fundamentales de primer orden: vulneró flagrantemente el derecho al debido proceso administrativo privado, cercenó la libertad de expresión, saboteó el derecho fundamental al trabajo y quebrantó el principio inalienable de igualdad material garantizado en la Carta Magna.⁴⁹

Aplicando un riguroso escrutinio, la Corte determinó que Meta Platforms actuó de manera manifiestamente discriminatoria. El tribunal halló probado que la corporación censuró y castigó a Gómez basándose en prejuicios morales derivados de sus actividades lícitas de industria «fuera de línea» (su carrera pública en la industria de la pornografía y el entretenimiento adulto), aplicando a su cuenta un sesgo moral y una rigidez algorítmica punitiva que omitía aplicar a otras personalidades públicas con publicaciones idénticas que, sin embargo, gozan de una reputación social diferente.⁵⁴ El tribunal reprochó severamente que la plataforma asuma funciones de policía moral que discriminan negativamente por el oficio del usuario.

Como solución dogmática y prospectiva, la sentencia estableció jurisprudencialmente la obligación irrestricta del test tripartito de constitucionalidad para evaluar la moderación de discursos, incluyendo texto e iconografía, en las grandes redes sociales: en adelante, cualquier restricción, ocultamiento algorítmico (shadowbanning) o eliminación de imágenes o textos debe superar la prueba ácida de ser estrictamente legal (prevista en reglas claras previas), necesaria en una sociedad democrática, y rigurosamente proporcional al daño que se busca evitar, protegiendo así el núcleo duro de la libertad de expresión de un borrado caprichoso.⁵⁴ Adicionalmente, se impuso imperativamente a la corporación el ineludible «deber de transparencia proactiva», requiriendo perentoriamente que los creadores de contenido y usuarios dispongan de mecanismos procesales transparentes, razonables y accesibles para impugnar y apelar de manera efectiva las decisiones automatizadas de sus algoritmos censores.⁵⁴

Este precedente jurisprudencial pionero resulta revolucionario para el moderno derecho laboral porque, además, eleva jurídicamente la incipiente actividad de los influenciadores digitales y creadores de contenido (dentro del estricto marco de actividades lícitas y no prohibidas) a la categoría sustantiva de «trabajo independiente», la cual se encuentra sujeta a protección constitucional de estabilidad reforzada.⁵⁰ El fallo asienta el principio innegociable de que las corporaciones dueñas de la infraestructura digital (plataformas monopólicas) no pueden suprimir arbitrariamente los medios de subsistencia económica, visibilidad comercial y publicidad digital de un ciudadano influyente sin garantizar previamente el respeto irrestricto de la batería completa de garantías procesales y sustantivas propias del constitucionalismo contemporáneo, ordenando la reconexión de la cuenta en igualdad de condiciones y la publicación de políticas unificadas.⁵⁰

10. Conclusiones y Propuestas para la Consolidación de la Lex Digitalis

La veloz asimilación, digestión y procesamiento de los emoticonos y emojis por parte del engranaje del sistema de justicia global representa, sin lugar a dudas, uno de los cambios paradigmáticos más abruptos y fascinantes en la extensa historia moderna del derecho probatorio procesal, la teoría del delito y la hermenéutica legal civil. Lejos de constituir adornos superfluos, trazos caricaturescos inofensivos o infantilismos confinados al ocio juvenil, la doctrina pacífica y la jurisprudencia contundente aquí expuesta demuestran que el lenguaje pictográfico es ahora un vector primario y letal de responsabilidad jurídica. El envío o recepción de estos escasos píxeles altera dramáticamente el resultado de juicios penales con condenas por asesinato o acecho, valida inexorablemente obligaciones contractuales por el intercambio de materias primas o el arrendamiento de propiedades, extingue relaciones laborales subordinadas con justa causa, vulnera los cimientos del derecho de familia, y propicia manipulaciones multimillonarias en la volatilidad desenfrenada del mercado bursátil mundial.

Del escrutinio analítico y exhaustivo de la masa jurisprudencial internacional, desde tribunales de alzada en Europa y juzgados locales en Sudamérica, hasta las cortes supremas norteamericanas y australianas, se desprenden axiomáticamente las siguientes conclusiones de alto nivel y directrices normativas urgentes para el futuro del derecho:

1. La Destrucción Final del Textualismo Formalista: Históricos precedentes como el fallo canadiense de South West Terminal en la provincia de Saskatchewan ²⁴ y la resolución sucesoria australiana de Re Nichol ⁴² evidencian una revolución filosófica: las cortes contemporáneas que operan en sistemas tan disímiles como el common law británico y el derecho civil romanista están convergiendo unánimemente en priorizar y privilegiar la intención pragmática subyacente y el contexto empírico conductual por encima del asfixiante formalismo documental riguroso del siglo pasado. Un minúsculo emoji puede, y de hecho lo hace, satisfacer los gravosos requisitos legales de una firma hológrafa presencial o una certificación electrónica si la historia interaccional continuada entre las partes en litigio lo avala de forma objetiva ante los ojos de un analista razonable.
2. El Reconocimiento Judicial de Dinámicas de Violencia de Género y Argot Criminológico: En sede del riguroso derecho penal y familiar sancionatorio, el sistema judicial mundial ha internalizado que los emojis no disfrutan jamás de una suerte de «presunción de inocencia estética» o benevolencia lúdica.¹⁰ Iconos que en el vacío visual parecen profundamente inofensivos (tales como la representación de una berenjena anatómica, unas simples gotas de agua cayendo, o incluso una majestuosa corona real) poseen ramificaciones, connotaciones y definiciones secundarias profusamente documentadas en los sótanos de las subculturas delictivas urbanas y en la captación sistemática de menores.¹⁰ Esta dualidad semántica siniestra exige como imperativo legal la intervención insoslayable de peritaje policial experimentado y peritos lingüísticos especializados para descifrar, más allá de la duda razonable, el mens rea o el dolo directo oculto en las comunicaciones interceptadas electrónicamente.
3. La Emergencia de Reformas Estructurales Urgentes en el Derecho Procesal Probatorio: Queda en total evidencia, tras el análisis minucioso de catástrofes apelativas como People v. Harmon, la existencia de una pavorosa deficiencia estructural en el manejo forense de la prueba documental digital por parte de la inmensa mayoría de las barras de abogados y judicaturas.¹⁰ Resulta imperativo e inaplazable que las futuras legislaciones procesales civiles y penales exijan obligatoriamente la recolección forense exhaustiva de los metadatos originarios de las redes, así como la captura inalterada de la interfaz gráfica y visual exacta correspondiente a ambos extremos de la cadena de comunicación.¹⁸ Solo a través de este formalismo tecnológico riguroso se podrán mitigar efectivamente los riesgos letales de alteración del mensaje ocasionados por los caprichos del renderizado propietario multiplataforma, los cuales son impuestos artificialmente sobre los usuarios finales a causa de los feroces y celosos bloqueos impuestos por el derecho comercial de propiedad intelectual y las marcas de diseño.¹⁸
4. La Infiltración Sistemática en el Léxico Jurisdiccional y el Proceso Legislativo: Finalmente, el corolario más sorprendente de este estudio es constatar cómo el propio y vetusto aparato judicial estatal está asimilando genéticamente el lenguaje digital para ejercer su poder soberano. En un extraordinario caso de índole laboral de 2024 denominado DePietro v. Levitt, que involucraba el análisis de una acción colectiva por agravios laborales, un muy respetado juez federal de los Estados Unidos integró de forma deliberada el explosivo emoji de «cabeza estallando» (🤯) directamente en el cuerpo argumentativo normativo de su sentencia oficial.¹⁰ El magistrado acudió a esta iconografía visceral no para adornar, sino para denotar su asombro mayúsculo, incredulidad profunda y rechazo moral y jurídico absoluto ante lo que consideró el cobro sistemático, escandaloso y abusivo de honorarios fraccionados por parte de los abogados corporativos intervinientes en el litigio.¹⁰ Este acto inusitado marca la cimentación de un precedente insólito y transformador en el cual la sobria judicatura desciende de su pedestal lexicográfico tradicional y adopta el paralenguaje digital masivo como un vehículo válido, contundente y pedagógico para expresar y sellar de forma cristalina su razonamiento legal conclusivo.

En la esfera académica de las antípodas terrestres, comisiones institucionales de alto calibre, como la Comisión de Reforma de la Ley Australiana (ALRC), ya han comenzado a explorar y proyectar seriamente en documentos oficiales (para el asombro de los puristas de la dogmática) la posibilidad futurista de incorporar formalmente la utilización de emojis como señalización interpretativa en la redacción técnica y articulada de nuevos textos legislativos financieros, buscando teóricamente democratizar y mejorar la comprensión y navegación de leyes laberínticas.⁵⁶ No obstante, juristas de gran peso advierten sagazmente de los profundos riesgos, los enormes abismos de ambigüedad jurídica insalvable, y la perniciosa inseguridad procedimental 🙃 que esta «infantilización» de la norma suprema podría acarrear y suponer para el estado de derecho formal.⁵⁶

La ansiada estabilización del corpus de jurisprudencia internacional uniforme, coherente y predecible en esta intrincada y resbaladiza materia hermenéutica requerirá sin falta una profunda y humilde simbiosis intelectual entre ingenieros de software, lingüistas computacionales de vanguardia, psicólogos forenses, juristas, magistrados y académicos de talla global. A medida que la implacable marea de la tecnología de consumo evolucione rápida e irremisiblemente en los próximos cinco años hacia interacciones volumétricas tridimensionales altamente inmersivas, avatares holográficos fotorrealistas con reconocimiento micro-facial guiado por inteligencia artificial, y emojis interactivos proyectados y fusionados con la realidad aumentada ⁴, la inmensa necesidad existencial de contar con tribunales ágiles y profundamente versados en la cambiante «lex digitalis» no hará sino multiplicarse exponencialmente. Esta realidad convergente no hace sino confirmar dolorosa y majestuosamente que, en el complejo, implacable y a veces despiadado entorno legal contemporáneo del siglo XXI, un puñado de imágenes digitales comprimidas no solo puede llegar a valer mucho más que mil palabras pronunciadas en estrados, sino que posee el innegable y abrumador poder soberano de engendrar para siempre las exactas mismas consecuencias penales punitivas, patrimoniales catastróficas y constitucionales transformadoras que el documento legal manuscrito más solemne, atesorado y formal de la historia de la humanidad.

Fuentes

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3. Los emojis como prueba – Globalpacta, accessed March 8, 2026, https://globalpacta.com/los-emojis-como-prueba/
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7. Legal Linguistics of Emojis in eDiscovery – Trial Bar News | Schwartz Semerdjian Attorneys at Law, accessed March 8, 2026, https://www.schwartzsemerdjian.com/trial-bar-news/legal-linguistics-of-emojis-in-ediscovery
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9. Emojis: An Approach to Interpretation – UC Law SF Scholarship Repository, accessed March 8, 2026, https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1850&context=hastings_comm_ent_law_journal
10. Emojis Archives – Technology & Marketing Law Blog, accessed March 8, 2026, https://blog.ericgoldman.org/archives/category/emojis
11. Cases Involving Emojis Are Still on the Rise – eDiscovery Today, accessed March 8, 2026, https://ediscoverytoday.com/2024/02/08/cases-involving-emojis-are-still-on-the-rise-ediscovery-trends/
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16. LOS EMOJIS COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, SU INTERPRETACIÓN JURÍDICA, EL ORDEN PROBATORIO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL | Max Salazar-Gallegos, accessed March 8, 2026, https://www.maxsalazarg.com/emojis-significado-y-trascendencia-legal-en-el-orden-probatorio-y-de-responsabilidad-civil/
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